Ourense, 24 sep (EFE).- El Ayuntamiento de A Gudiña (Ourense) ha decidido paralizar la actividad de la mina de wolframio de la localidad hasta que la compañía sueca Eurobattery Minerals aporte la documentación necesaria.
Esta decisión local se suma a la condena judicial de dos años de cárcel contra el consejero delegado de la empresa, Roberto Martínez, por fraude.
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Según manifiesta Ecoloxistas en Acción, la actividad minera desarrollada por Tungsten San Juan S.L., filial de la multinacional sueca en la concesión 'San Juan' de A Gudiña, se encuentra "paralizada por orden de la alcaldía" al concluir que la compañía estaba ejecutando obras y actividades "de forma legal, al margen del control urbanístico y ambiental".
Esta decisión se produce, apunta a esta organización, tras constatar "graves intervenciones" sobre el terreno, clasificado como suelo rústico de especial protección forestal, "sin contar con ninguna licencia urbanística ni comunicación previa municipal".
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En un comunicado remitido a los medios, la organización ambiental ha anunciado que presentará una denuncia penal separada al entender que la actuación de la empresa "podría ser constitutiva de presuntos delitos contra el medioambiente, al margen de los delitos de prevaricación que ya siendo investigados por los juzgados de Santiago en relación a la prórroga otorgada por la Xunta".
De hecho, la plataforma ecologista ya ha llevado el caso ante las autoridades bursátiles de Suecia y Alemania al considerar que la empresa ha "ocultado información a sus inversores".
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"La ilegalidad de la explotación no sólo viene dada por la ausencia de autorizaciones municipales sino porque la declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida en 2014 para un proyecto de explotación ya caducó", aseguran los ecologistas.
Por este motivo, Ecoloxistas en Acción ha instado a que se anule la prórroga otorgada en 2025 y se ejecute el aval de restauración para recuperar los terrenos degradados. EFE
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