El Tribunal de Cuentas insta la disolución de tres fundaciones del PSOE y constata la quiebra de la Ramón Rubial

El Tribunal de Cuentas ha instado A la disolución de las diez fundaciones vinculadas a la partidos políticos que al arranque de 2024 carecían de actividad, entre ellas tres vinculadas al PSOE, y también ha constatado la quiebra de la Fundación Ramón Rubial, conectada con el Partido Socialista de Euskadi.

Así consta en el Informe de fiscalización de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, correspondiente al ejercicio 2023 que acaba de aprobar el órgano fiscalizador.

En concreto, las entidades vinculadas al PSOE que seguían en el registro pero sin tenían actividad alguna eran la Fundación Ideas para el Progreso, la Carlos Chivite (PSOE de Navarra) y el Centre d'Estudis i Desenvolupament Gabriel Alomar (PSOE de Baleares). En la misma situación estaban dos conectadas con Ciudadanos (Asociación Cataluña Constitucional y Fundación Cívica Liberal), la Fundación Eduardo Obregón (del Partido Regionalista de Cantabria) y la Fundación Horacio Fernández Inguanzo (del PCE de Asturias).

CINCO CON SALDO NEGATIVO

El informe, recogido por Europa Press, pone de manifiesto que había también cinco fundaciones con patrimonio negativo a las que el órgano que preside Enriqueta Chicano emplaza a ajustar su actividad económica y elaborar un plan de saneamiento.

Esta lista la encabeza la Sociedad Fundación Elkartu, vinculada a Eusko Alkartasuna (con un saldo negativo de 626.640,28), y en ella figuran también la socialista Ramón Rubial (-30.107 euros), la Eduardo Obregón (-26.603 euros), la Carlos Chivite (-365,98 euros) y la Fundación Canaria Centro de Estudios Canarios del Siglo XXI (-34 euros).

En el informe se reseña también que la socialista Fundación Pablo Iglesias suscribió en 2023 un acuerdo de renegociación de los préstamos y aportación a la dotación fundacional con el PSOE, por un importe de 2.554.556,80 euros, lo que le permitió corregir su situación de desequilibrio patrimonial y pasar de un patrimonio neto negativo de 2.259.212,04 euros al inicio del ejercicio 2023 a uno positivo por 257.277,22 euros al cierre de dicho ejercicio.

Entre las principales conclusiones, el informe indica que únicamente 15 fundaciones y entidades --de las 37 fiscalizadas en 2023-- remitieron en plazo sus cuentas anuales, otras 18 lo hicieron fuera del plazo establecido y cuatro de ellas directamente no presentaron las cuentas, por lo que no se han podido fiscalizar.

SI NO SE INSCRIBEN, QUE NO RECIBAN SUBVENCIONES

Asimismo se pone de manifiesto que solo 22 se habían inscrito en la sección especifica del Registro de Partidos Políticos que gestiona el Ministerio del Interior, como marca la ley. Ante esto el tribunal recomienda que se exija la inscripción obligatoria como requisito para poder recibir subvenciones.

La fiscalización señala que el total de las aportaciones y donaciones privadas que recibieron las fundaciones ascendió a 4,7 millones de euros en 2023, mientras que las subvenciones públicas llegaron a los 2,1 millones.

Con carácter general el Tribunal de Cuentas constata el complimiento de "la regularidad contable de las aportaciones y de las donaciones", así "como de los límites y requisitos previstos". No obstante, en algunos casos tanto de las donaciones privadas como de las subvenciones públicas el informe observa incumplimientos de la normativa y gastos no subvencionables.

En este último supuesto el Tribunal de Cuentas informará a los organismos que concedieron las subvenciones a efectos de solicitar el correspondiente reintegro.

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

En lo referente a las obligaciones de transparencia, un total de 14 fundaciones y entidades políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales del ejercicio 2023 ni las conclusiones del informe de auditoría, en contra de lo dispuesto en la normativa vigente.

El informe recoge un total de siete recomendaciones entre las que figura el establecimiento de un umbral de ingresos mínimo para que las fundaciones y demás entidades deban someterse obligatoriamente a auditoría externa y remitirla al Tribunal de Cuentas. También sugiere la conveniencia de fijar una cuantía mínima de notificación obligatoria de las donaciones de personas jurídicas y que adecuen su actuación a la realización de sus fines fundacionales.