El exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, a juicio por supuesto desvío de fondos

Tarragona, 18 sep (EFE).- El exalcalde socialista de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, su ex jefe de gabinete y las exconcejales Begoña Floria y Victòria Pelegrín se sientan desde este viernes en el banquillo por el llamado caso Inipro de desvío de fondos del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSS) al PSC.

El juicio, que se alargará hasta el 20 de noviembre en la Audiencia de Tarragona, ha comenzado con las cuestiones previas en una sala habilitada en el comedor de la antigua prisión de Tarragona.

Además del exalcalde y su equipo, en el banquillo se sientan otras cinco personas vinculadas al PSC, a las que la Fiscalía pide penas de hasta cinco años y diez meses de prisión. Otras seis, entre ellas el propio PSC, figuran en la causa como supuestos responsables civiles a título lucrativo y dos empresas serán juzgadas como responsables civiles subsidiarias.

En la causa, que se abrió en 2013 a raíz de una denuncia de la CUP, se indaga el presunto desvío de 276.000 euros del IMSS al PSC a través de una empresa presuntamente afín a este partido, Iniciatives i Programes (Inipro).

Según la Fiscalía, Inipro fue contratada para fomentar el asociacionismo entre la población inmigrante, pero supuestamente habría trabajado con la imagen pública del entonces alcalde Ballesteros con la finalidad de captar votos.

La Fiscalía acusa a los cargos locales del PSC de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil.

En el inicio del juicio, las defensas de los acusados han pedido, en una estrategia conjunta, que se excluya del procedimiento el disco duro del IMSS, donde fueron localizados correos electrónicos que implican a diversos investigados, al vulnerarse los derechos de comunicación, intimidad y defensa de los procesados.

El ministerio fiscal, por su parte, ha defendido las pruebas obtenidas durante la fase de instrucción, sobre todo la validez del disco duro.

La Fiscalía solicita cinco años y diez meses de prisión, multas superiores a los 2.000 euros e inhabilitación para cargo público por cerca de seis años para Josep Fèlix Ballesteros, Victòria Pelegrín y Antonio Muñoz (exgerente del IMSS) por un delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en contratación pública, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil.

A Gustavo Cuadrado, exjefe de gabinete del alcalde, le atribuye los mismos cargos, pero sin multa, mientras que para Begoña Floria pide cuatro años y diez meses de prisión y una inhabilitación absoluta de ocho años y medio.

"Por fin, 13 años después, podré demostrar mi honorabilidad y quedará claro lo que he hecho y por qué lo he hecho. Estoy tranquilo y confío absolutamente en la justicia", ha dicho Ballesteros a los medios de comunicación antes de empezar el juicio. EFE

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