País Vasco, Castilla y León y Navarra, las mejores en servicios sociales

Madrid, 17 sep (EFE).- Los servicios sociales del País Vasco, Castilla y León y Navarra obtienen las mejores calificaciones en el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes en centros de esta actividad, que advierte de grandes diferencias entre comunidades y de un escaso desarrollo en la atención a domicilio.

El informe Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2025 (Índice DEC), elaborado con datos oficiales públicos estatales y de todas las autonomías y presentado este jueves, subraya que 20 millones de personas en España (el 42 % de la población española) viven en siete comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes.

Como ocurre año tras año, el Índice DEC muestra las "grandes diferencias" entre territorios, que suponen "una gran desigualdad de oportunidades reales" en función de su lugar de residencia, ha destacado Gustavo García, coordinador del Índice DEC.

Como ejemplo, el análisis expone la enorme distancia en gasto por habitante en servicios sociales no ya respecto a las comunidades con régimen foral, como País Vasco con 1.304 euros, sino también entre las de régimen común, con Castilla y León (628 euros) un 80 % por encima de Baleares (353 euros).

También, subraya que el porcentaje del PIB regional destinado en Canarias a servicios sociales (2,97 %) casi triplica el de Baleares (0,97 %).

Como consecuencia de estas diferencias de gasto se produce una cobertura de prestaciones y servicios "muy desigual", como es que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Extremadura (2.905) es seis veces superior a Navarra (504).

También que el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores de 75 años es cuatro veces superior en Castilla y León (11,6 %) que en Baleares (2,9 %).

Estas diferencias se concretan en las calificaciones otorgadas por los profesionales de los servicios sociales, que encabezan País Vasco (7,35 sobre 10), Castilla y León (7,2), Navarra (7,18).

Después, se sitúan Canarias (6,35), Asturias (5,8), Andalucía (5,63), Castilla-La Mancha (5,53), Aragón (5,28), La Rioja (5,15) y Cataluña (5,13).

Con calificaciones débiles se encuentran Galicia (4,98), Madrid (4,85), Comunidad Valenciana (4,48) y Baleares (4,03), mientras que en Extremadura (4,78), Cantabria (3,95) y Murcia (3,03) su calificación es "irrelevante".

El Índice DEC alerta del escaso desarrollo en la última década de los servicios domiciliarios (ayuda a domicilio y teleasistencia) o complementarios del domicilio (centros de día) que deberían potenciarse para avanzar hacia el nuevo modelo de cuidados que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales para priorizar la atención y los cuidados en el hogar y en la comunidad frente al modelo de grandes centros y residencias.

"Una gran debilidad del sistema son los servicios sociales domiciliarios que no permiten que una persona de grado dos o dependencia severa se quede en su casa, a no ser que tenga apoyo familiar", ha explicado el coordinador del informe.

La cobertura del servicio de ayuda a domicilio apenas ha variado un punto desde el año 2010, del 4,7 % al 5,8 %, y su intensidad también es muy baja, con una media de 21,1 horas mensuales, aunque continúa aumentando en los últimos cuatro años.

Respecto a los centros de día que registraron en 2023 un repunte por primera vez, pasando de 0,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años a 1,10, muestra no obstante "una escasa o nula evolución", ya que sigue siendo una cobertura "muy limitada" que en 2024 ha vuelto a retroceder, ha detallado.

La teleasistencia es el único servicio que ha evolucionado su cobertura en 13 años, y la tienen el 11,6 % de los mayores de 65 años. Sin embargo, en 2025 aún siguen quedando 762.285 personas sin ese servicio para alcanzar el objetivo del Plan de Choque de que la tengan todos los dependientes que viven en sus domicilios.

También considera "insuficiente" la prestación económica mensual para cuidados en el entorno familiar, que se sitúa en 261,6 euros de media, aunque ha confiado en que esta situación cambie tras la aprobación de las leyes de dependencia y discapacidad con el aumento de la financiación.

El estudio denuncia el deterioro de los servicios de inserción social a partir de la implantación del Ingreso Mínimo Vital en 2021, que muchas comunidades han aprovechado para reducir las Rentas Mínimas de Inserción.

Con datos de 2024 -último año con cifras oficiales del presupuesto liquidado-, el gasto de las administraciones públicas en servicios sociales, que se viene incrementando desde 2014, creció un 4,9 %.

También aumentaron dos décimas el porcentaje del presupuesto destinado a servicios sociales, situándose en el 10,4 %, aunque creció menos que la economía y en consecuencia el porcentaje del PIB que supone este gasto se redujo, por cuarto año consecutivo, hasta el 1,75 %, aún lejos del reto de alcanzar el 2 %, ha lamentado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Suben 4,82 puntos la participación de las comunidades en el sistema de dependencia en los tres últimos años, un incremento que atribuyen en gran parte al aumento de la financiación del Gobierno (600 millones más cada año) que repercute en el presupuesto de las comunidades de 2022 y 2023.

"Las comunidades autónomas tienen el reto de mostrar su capacidad de gestión de los nuevos recursos estatales y de la flexibilidad que permite" la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad aprobada este miércoles, expone Ramírez. EFE