Madrid, 18 sep (EFE).- Entidades de personas mayores, dependientes y con discapacidad coinciden en su valoración positiva de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y destacan la ampliación de servicios y prestaciones, la simplificación de la burocracia y la posibilidad de elegir cómo y dónde ser cuidados.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), HelpAge International España y el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) son algunas de esas entidades.
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Reclaman que se cuente con ellas para la monitorización de los principales ejes de la reforma, como la reducción de los tiempos de espera para el reconocimiento de los diversos grados de dependencia, la asignación de prestaciones o la incorporación del asistente personal y la teleasistencia como servicios complementarios y no incompatibles.
También subrayan que la nueva ley reduzca el plazo habilitado al gobierno de cada comunidad autónoma para resolver una prestación por dependencia, pasando de seis a tres meses, aunque consideran aún insuficiente para la población más vulnerable, los mayores con pensiones reducidas.
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Les parece importante que a partir de ahora, la persona dependiente podrá complementar su ingreso en un centro de día y la estancia en su domicilio durante el resto de horas sin que esto sea incompatible con las diversas prestaciones que pueda recibir.
En materia de financiación, recuerdan que la Administración General del Estado asumirá el 50 % de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a lo que se unirá una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas.
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El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, destaca la apuesta por el "modelo de autonomía personal" de la reforma, al ofrecer más opciones a las personas dependientes para que puedan elegir "cómo y dónde son cuidados", aunque incide en que para que las medidas sean realmente efectivas hay que "cumplir con la inversión destinada a medios y las ayudas asignadas deben ser inmediatas".
COCEMFE subraya los avances en asistencia personal y accesibilidad, aunque reclama seguir mejorando la Ley de Propiedad Horizontal y avanzar en una fiscalidad que tenga en cuenta el sobrecoste de la discapacidad y favorezca la autonomía personal, como aplicar un IVA reducido del 4 % a los productos y servicios necesarios para la autonomía personal.
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"Es urgente que las medidas previstas se materialicen con financiación suficiente, procedimientos ágiles y coordinación entre administraciones", explica su presidente Anxo Queiruga.
Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) subrayan el "avance histórico hacia un sistema más justo, inclusivo y centrado en las personas" y reclaman que el desarrollo reglamentario y presupuestario de la norma garantice la efectividad real de los nuevos derechos reconocidos.
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El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) advierte de que el éxito de la reforma no se medirá por el número de derechos reconocidos en el BOE, sino por la capacidad de las administraciones para hacerlos efectivos en la vida diaria de las personas.
Para HelpAge International España es fundamental que el desarrollo de esta reforma incorpore una perspectiva de edad, género y derechos humanos, capaz de dar respuesta a las necesidades específicas de las personas mayores, en particular de quienes viven solas, en zonas rurales, en situación de pobreza o exclusión social, o requieren apoyos de larga duración.
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El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha calificado la ha calificado como el "mayor avance en los últimos cuatro lustros" y ha apelado a la pericia para gestionarla para que "haya mejores servicios, mayores intensidades y cuantías de prestaciones económicas, mejore la situación laboral de sus trabajadores o se reduzcan la lista de espera que hace que en España muchas personas fallezcan antes de recibir una prestación o servicio a la que tienen derecho". EFE
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