Un directivo dice que Canal Isabel II recuperó la inversión realizada por acusados de Lezo

San Fernando de Henares (Madrid), 16 sep (EFE).- Un directivo de Canal de Isabel II ha testificado en el juicio que la inversión realizada en 2001 en Colombia por esta empresa pública, por la que están siendo juzgados acusados de la trama Lezo relacionada con el PP, se recuperó y no afectó al servicio que presta la compañía.

La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio, el primero del caso Lezo, con 19 acusados, entre ellos los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, que en el momento de los hechos, en 2001, formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados.

También son juzgados tres excargos del Canal de Isabel II y otros relacionados con Aguas de Barcelona SA (AGBAR), que junto a los anteriores se enfrentan a peticiones de la Fiscalía de entre seis y siete años de prisión.

La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.

Añade que la operación estuvo plagada de ilicitudes y "contrariamente a lo autorizado" por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A..

La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores".

Este miércoles ha testificado Luis G.G., directivo de Canal de Isabel II que en la época de los hechos era jefe del Departamento de Tesorería y Análisis Financiero de la empresa.

Ha declarado que elaboró el informe de valoración de SAA y ha asegurado que lo hizo con libertad sin que sus superiores le dieran indicaciones de cuál debía ser la misma.

El testigo ha explicado que valoró la empresa en 92 millones de dólares aunque a preguntas de la fiscal ha reconocido que cuando realizó el estudio desconocía que el Ayuntamiento de Barranquilla (Colombia), al que se iba a dar el servicio de agua, tenía una deuda de 22 millones de dólares que no se iba a cobrar por la empresa que se iba a adquirir.

En todo caso ha asegurado que "el negocio generó lo suficiente como para recuperar la inversión en 2016 y devolver el crédito que se pidió para llevar a cabo la operación", y ha añadido que el servicio público de agua que presta la empresa no se ha visto resentido por la misma. EFE