Exteriores ordena a los consulados certificar las nacionalizaciones por la 'ley de nietos' que mantienen derecho a voto

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha dado instrucción a los consulados para que procedan a certificar los casos de quienes hayan obtenido la nacionalidad española en virtud de la llamada 'ley de nietos' demostrando ser descendientes de exiliados y que, según precisó el Tribunal Supremo, sí mantienen el derecho a voto pese a las medidas cautelares dictadas.

Fuentes del departamento que encabeza José Manuel Albares han trasladado a Europa Press que tanto el Ministerio como la red de oficinas consulares en todo el mundo "cumple escrupulosamente con lo que la normativa señala en materia de nacionalidad y de inscripción en el censo electoral".

Asimismo, han asegurado que se cumple "con las instrucciones que, en el ámbito de sus competencias, dictan respectivamente el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Oficina del Censo Electoral", dependiente de la Junta Electoral Central.

Con ello, Exteriores pone de manifiesto que igual que se ha venido cumpliendo en los consulados con la instrucción formulada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, en diciembre de 2022 tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática y que rebajaba los requisitos para poder obtener la nacionalidad, ampliando también la posibilidad a quienes no fueran descendientes de exiliados, también hará ahora lo mismo con lo acordado por la JEC.

El organismo electoral asumió este lunes la orden dictada por el Tribunal Supremo sobre el derecho de voto de las personas nacionalizadas en virtud de la llamada 'ley de nietos' (una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022). En concreto, el alto tribunal dejó en suspenso su derecho de sufragio hasta que dicte sentencia, salvo que hubieran acreditado fehacientemente descender de exiliados de la guerra civil y la posguerra.

LA JEC PIDIÓ LA GESTIÓN A EXTERIORES

En este sentido, la JEC instó a la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores que ordene que los responsables de los Registros Consulares expidan los correspondientes certificados acreditativos para quienes obtuvieron la nacionalidad y presentaron los documentos para demostrar que descendían de exiliados conforme a la ley.

Según otras fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, desde el Ministerio se han limitado a remitir el auto de la JEC, sin más explicaciones, y se les ha trasladado que se facilitará un modelo de certificado que se deberá expedir ahora a quienes han obtenido la nacionalidad y son descendientes de exiliados.

La necesidad de expedir ahora estos certificados para que los nuevos españoles puedan votar en próximas elecciones en España incrementará la carga que ya tenían los consulados, en particular los de países iberoamericanos, donde aún hay pendientes de resolver cientos de miles de solicitudes de nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

En Exteriores no han querido aclarar si se incrementará el personal para poder agilizar ahora los trámites de los nuevos certificados. Con todo, cabe recordar que la suspensión de las inscripciones en el CERA y la necesidad de certificar que se es descendiente de exiliado es temporal y está pendiente de la sentencia definitiva del Supremo.

En este sentido, dado que el próximo año hay tanto elecciones generales como autonómicas, desde el Gobierno se ha venido reclamando al Tribunal Supremo que resuelva cuanto antes esta cuestión, afeando igualmente que con las medidas cautelares se está discriminando a algunos españoles, a los que se priva del derecho constitucional de voto.

Según desveló a finales de abril Albares durante una visita a México, hasta el 31 de marzo de 2026 unos 2,4 millones de personas habían manifestado su interés por optar a la nacionalidad española, de las que ya se habían recibido 1,2 millones de expedientes. De ellos, precisó, 545.000 ya habían sido aprobados, de los que 306.500 habían sido inscritos en el Registro Civil consular.