Contratistas y promotores avalan la ley de vivienda y suelo que promete Feijoo

Madrid, 15 sep (EFE).- La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCT) y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) han manifestado este martes en el Congreso su apoyo a la proposición de ley de suelo y vivienda del PP, con la que su líder, Alberto Núñez Feijoo, ha prometido construir un millón de viviendas.

La llamada proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda, que fue admitida a trámite por el pleno el pasado abril -con votos a favor del PP, Vox, Junts y UPN y la abstención del PNV-, busca dar seguridad jurídica "real" a los planes urbanísticos, agilizar los trámites y movilizar suelo público para construir más casas en menos tiempo.

En su comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso para opinar sobre ella, el director gerente de la Alfredo Díaz-Araque Moro, director gerente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Alfredo Díaz-Araque Moro, ha reclamado un acuerdo a los grupos parlamentarios para que acaben la legislatura con una "buena ley del suelo" para disparar la oferta de vivienda.

"Dejen de farmear aura, pongánse manos a la obra y acaben la legislatura con una buena ley del suelo", ha dicho, tras abogar por recuperar el ritmo de construcción de 250.000 viviendas al año y subrayar que la seguridad jurídica urbanística no es de partido sino que la reclaman los ayuntamientos de todos lo colores políticos.

En su comparecencia, el representante de los promotores ha explicado que producir vivienda se ha convertido en una "carrera de obstáculos" por la inseguridad jurídica urbanística, los procedimientos "extraordinariamente largos y complejos", la falta de financiación de infraestructuras urbanas, la insuficiente capacidad administrativa y productiva y la escasez de mano de obra cualificada.

También ha defendido el desahucio exprés como garantía para el inversor, una revisión de la fiscalidad de la vivienda para facilitar su producción y no penalizar el alquiler y un marco estable que atraiga inversión privada.

Por su parte, la presidenta de la ANCT, Concha Santos Pedraz, ha coincidido en que el principal cuello de botella para la construcción de vivienda no es la capacidad ejecutora del sector, sino la escasez de suelo finalista y un marco normativo que, a su juicio, desincentiva la inversión.

En ese sentido, ha defendido un cambio de voluntad política y de modelo para que, frente al rechazo ideológico a la colaboración público‑privada, se aproveche la capacidad financiera y productiva del sector privado, asumiendo que las empresas buscan un beneficio razonable.

En el plano productivo, ha abogado por la industrialización de la vivienda como respuesta a la falta de mano de obra y los oficios y también para acortar los plazos de construcción.

Asimismo ha denunciado que la inseguridad jurídica y la falta de mecanismos de revisión de precios están trasladando al sector riesgos inasumibles, como los sobrecostes derivados de la guerra de Irán (incrementos de hasta el 30 % en betún, energía, áridos o cerámicos), lo que ha provocado que, desde enero de 2026, haya miles de millones en licitaciones desiertas, porque los precios de los pliegos no reflejan la realidad de ejecución.

Además ha aprovechado para pedir que se modifique la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación y se revisen los pliegos para que incluyan cláusulas de actualización de precios.EFE