La resolución del Supremo sobre la ley de nietos aboca a los consulados al atasco

Alicia López

Madrid, 12 sep (EFE).- La resolución del Tribunal Supremo de suspender las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la vía de la llamada ley de nietos, aboca a los consulados a un atasco incluso mayor del que sufren ya algunos ante la posibilidad de tener que revisar todos los expedientes.

En una entrevista con EFE, la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española, Violeta Alonso, advierte de que tal y como está la red consular, será un trabajo "titánico" y repercutirá en los procedimientos pendientes (unos 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española acogiéndose a esta ley).

Si los consulados ya estaban afectados por falta de personal, ahora se genera un problema "muy grande" para ciertas demarcaciones, subraya después de que el Supremo paralizara esta semana el derecho a voto de las personas nacionalizadas a través de la ley de nietos hasta que los consulados acrediten que éstas cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados.

Según el alto tribunal, el "incremento extraordinario" del CERA debido a esta ley y una instrucción posterior, que "presumía" la condición de exiliado de todos los españoles que se marcharon entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

Fuentes de Exteriores han señalado que están "evaluando" la situación mientras que la Junta Electoral Central se reunirá el lunes tras esta decisión judicial.

El rápido aumento del censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) impulsado por ley de nietos se refleja en las tablas que recoge la Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El CERA de las elecciones generales de 2023 reseñaba algo más de 2,3 millones de españoles con derecho a voto y el último censo, cerrado el pasado 1 de agosto, eleva la cifra a 2.747.688 electores.

Son 419.428 electores más, lo que supone un aumento del 18 % en poco más de tres años.

Por provincias, la subida más destacada es la que afecta a Madrid, con un aumento de más de 118.000 posibles votantes residentes en el extranjero, un 31,4 % más.

El CERA no solo aumenta por la "ley de nietos", pero ésta si ha acelerado el proceso. Entre los comicios de 2019 y los de 2023 pasó de 2,1 a 2,3 millones, lo que supone un incremento del 9,3 %.

Para Violeta Alonso, estas medidas cautelares son "inauditas" y preocupan al Consejo General de la Ciudadanía Española porque el derecho al sufragio es un derecho fundamental que, en principio solo puede ser retirado por sentencia firme.

Estas personas se quedan en una situación de "indefensión absoluta", aparte de que -subraya- la resolución crea ciudadanos de primera, con derechos políticos, y de segunda, sin ellos, porque no cuestiona la nacionalidad en sí, sino que ordena revisar la inscripción en el CERA.

Explica que la medida del Supremo sólo afecta a quienes han optado a la nacionalidad por la ley de nietos que viven en el extranjero pero no a quienes lo han tramitado residiendo en España, lo cual "parece también una desigualdad".

La presidenta defiende en todo este debate la necesidad de articular una circunscripción exterior, como tienen Portugal, Francia o Italia con un número determinado de diputados y senadores, que eliminaría "las dudas" sobre la asignación provincial de los votos.

El sistema que se sigue actualmente para asignar una provincia al elector de fuera no es aleatorio "ni hay intereses ocultos" y lleva funcionando desde hace más de 30 años.

Según explica, el elector tiene que comunicar a qué provincia se adscribe y justificarlo, y normalmente lo hace por ser el lugar de residencia o procedencia de sus antepasados, aunque hay quienes optan por una determinada circunscripción porque han residido allí en un momento dado.

Respecto a la polémica instrucción, en el origen de la resolución del Supremo, Violeta Alonso argumenta que ésta busca que las demarcaciones consulares puedan aplicar la ley de "una manera homogénea", con unos criterios uniformes.

Y además, la instrucción -defiende- trata de atender a todos esos casos que no tienen fácil demostrar que han sufrido persecución durante la dictadura y al exilio económico. "La gente no se va porque quiere, y nosotros llevamos años reclamando que la nacionalidad por exilio se amplíe a otros motivos". EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8003520418)