
Zakaria, un joven originario de Mali y residente en Barcelona, ha declarado telemáticamente este miércoles desde la Ciutat de la Justícia de L'Hospitalet (Barcelona) para explicar al titular del juzgado de Melilla que instruye la causa la presunta agresión que sufrió por parte de un agente de la Guardia Civil tras saltar la valla de la ciudad autónoma en 2022 y que derivó en la pérdida de su ojo izquierdo.
La querella, impulsada por la entidad de defensa de los derechos humanos Irídia y a la que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra un agente (todavía sin identificar), que participaba en el dispositivo policial efectuado el 2 de marzo de 2022 en las inmediaciones del perímetro fronterizo y que presuntamente golpeó a la víctima en la espalda y en la cara causándole "la pérdida irreversible de la visión".
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Asimismo, también se dirige contra su superior jerárquico, que ya ha prestado declaración como testigo, y contra todas aquellas personas que hubiesen tenido intervención directa o indirecta en estos hechos.
La querella, que cuenta con el peritaje de SIRA, denuncia que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de tortura y/o lesiones graves, con la agravante de actuar por motivos racistas.
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LOS HECHOS
Siendo todavía un niño, Zakaria tuvo que huir junto a su familia de su pueblo natal, ubicado en la región de Mopti, debido a un conflicto étnico que se acentuó a partir de 2012.
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Tras rehacer su vida en otra localidad de la región, el 24 de marzo de 2019 se produjo un ataque terrorista en el que murieron al menos 160 personas, entre ellas su madre, lo que motivó que el 2 de febrero de 2020 decidiera abandonar su país.
Zakaria atravesó la zona desértica del norte de Mali, donde sufrió un secuestro del que pudo escapar, pidió asilo en Orán (Argelia), y continuó hasta cruzar la frontera con Marruecos después de no haber obtenido ninguna respuesta a su petición.
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Pese a su minoría de edad, trabajó en el país vecino durante un año y medio, periodo en el que fue detenido y trasladado a diversas ciudades por su situación irregular, lo que motivó que decidiera esconderse en el monte Gurugú, cerca de la ciudad de Nador, durante un periodo de ocho meses en los que asegura que sufrió situaciones de violencia y humillación por parte de la policía marroquí.
El 2 de marzo de 2022, contando con 17 años y hallándose "en una situación de extrema vulnerabilidad y miseria", según recoge la querella, Zakaria saltó la valla de Melilla y logró llegar a territorio español.
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Mientras corría, un agente del instituto armado lo golpeó dos veces "con el bastón policial en la cara, impactándole en el ojo izquierdo", si bien logró huir y resguardarse en un túnel cercano al Centro de Menores La Purísima, donde otros chicos lo auxiliaron.
Posteriormente, se dirigió al Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), donde recibió una primera asistencia sanitaria, y desde allí fue trasladado al Hospital Comarcal de Melilla, donde permaneció ingresado 15 días tras ser intervenido del ojo.
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A finales de 2022 Zakaria se trasladó a Barcelona y desde entonces recibe tratamiento en el Hospital Sant Pau, donde en abril del año pasado le realizaron una cirugía para eviscerar el globo ocular.
A raíz de la lesión, Zakaria ha explicado en declaraciones a Europa Press que sufre dolor constante, problemas para conciliar el sueño, lagrimeo y picor, una circunstancia que le impide ejercer su profesión como cocinero, aunque continúa con sus estudios de hostelería.
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Zakaria, que hoy goza de protección internacional, tiene reconocida una discapacidad del 40%, un trámite que se demoró en el tiempo por la tardanza en su proceso de regularización administrativa y aprobación de asilo.
"Hace cuatro años que espero a que la justicia me escuche. Estoy aquí porque no quiero que esto continúe pasando a otras personas que buscan refugio para sobrevivir", ha expresado Zakaria, que espera justicia y reparación para todas las personas que han sufrido violencia en las fronteras.
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FALTA EL AUTOR
La coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, ha añadido que el primer paso en el proceso de reparación de las víctimas de violencia institucional es ser escuchadas en sede judicial, aunque "faltan todavía diligencias por practicar, especialmente para identificar al autor de esta agresión".
No obstante, Olivella ha dicho tener esperanza en que el juzgado de instrucción de Melilla investigue "todo lo necesario" para identificar al responsable de lo que ha calificado como una brutal agresión a juicio.
Por su parte, la psicóloga de Irídia, Paula Rossi, ha asegurado que "el tiempo y los obstáculos para investigar unos hechos tan graves generan daño y suponen una forma de revictimización" y que la búsqueda de justicia y reparación no puede ser un privilegio, sino un derecho para las víctimas.
FISCALÍA
Fuentes de Irídia han criticado que la Fiscalía "brille por su ausencia" y que ni siquiera se haya presentado a la declaración de Zakaria de este miércoles.
También han lamentado que se opusiera al recurso contra el archivo impulsado por Irídia, que motivó la reapertura de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Málaga.
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