Madrid, 8 sep (EFE).- La líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, considera que la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas en el censo electoral por la ley de nietos "abre el camino a una deriva antidemocrática peligrosísima", al restringir el voto a personas con la nacionalidad española.
En declaraciones remitidas a los medios, la líder del partido al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado la decisión del Tribunal Supremo, al considerarlo "tremendamente preocupante" por dos motivos.
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"El primero es que abre el camino a una deriva antidemocrática peligrosísima porque restringe el derecho al voto a quienes cumplen el requisito para ello. Es decir, a personas con la nacionalidad española", ha dicho.
El segundo, ha añadido, es que "estamos ante la enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne", por lo que en su opinión "resulta muy difícil para ninguna persona progresista en este país confiar en la Justicia en estos momentos".
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La también portavoz del grupo Sumar en el Congreso ha reaccionado así a la decisión del Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.
Una decisión que llega al estimar parcialmente la medida cautelar solicitada por Iustitia Europa y Vox en los recursos presentados contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del pasado 16 de julio, que señaló, entre otras cuestiones, que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.
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La ley de nietos permite, en virtud de una disposición dentro de la ley de memoria democrática dictada el 19 de octubre de 2022, a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten los requisitos de haber nacido fuera de España, que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
Sin embargo, una semana después el Gobierno aprobó una instrucción que decía que se "presumirá" la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre 1936 y 1955. EFE
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