Madrid, 4 sep (EFE).- Las comunidades presididas por el PP, que son la mayoría y que han votado hoy, junto con las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, contra la nueva financiación autonómica propuesta por el Gobierno, esperan que el Congreso no apruebe esta reforma, aunque haya sido aprobada en el Consejo de Política Fiscal.
Este órgano, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), integrado por el Ministerio de Hacienda y todos los consejeros económicos de las autonomías, ha debatido y votado este viernes el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el ejecutivo.
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Ha sido aprobado con los votos del ministro Arcadi España, Canarias y Cataluña. Ahora debe tramitarse como Ley Orgánica en el Parlamento, donde necesitará mayoría absoluta.
"Esperamos que este modelo se retire y que, si llega al Congreso, no tenga los votos necesarios para aprobarlo", ha señalado la consejera andaluza, Carolina España, en nombre de todos los consejeros del PP.
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"Es un modelo pactado con el independentismo", ha dicho, antes de añadir que no se han aceptado ninguna de las alegaciones de las autonomías que no fueran Cataluña.
Por contraste, la consellera catalana, Alicia Romero, ha expresado satisfacción por el nuevo modelo y ha señalado que, precisamente la tramitación, será una ventana de oportunidad para abrir un nuevo modelo más justo.
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"Esperemos que en el Congreso, todos aquellos que son críticos o que creen que el modelo podría ser mejor, aunque muchos han reconocido que era una buena base, lo puedan mejorar", ha explicado la consellera, antes de recordar que "llevamos 12 años con un modelo caducado".
Ha sido la única opinión favorable, si bien el consejero asturiano, el socialista Guillermo Peláez, sí ha puesto de manifiesto matices, y ha pedido a las autonomías populares mejor disposición para el diálogo hacia un acuerdo de Estado.
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En cualquier caso, ha dejado claro que este modelo no garantiza que las comunidades dispongan de recursos equivalentes para prestar servicios públicos en un plano de igualdad, y que por eso han votado en contra.
Más crítico ha sido el consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha llegado a pedir al ministro que se abstuviera para que no saliera adelante en esta fase un modelo "regresivo" que, al estar basado en la ordinalidad, premia a territorios con rentas más altas y es "todo lo contrario de lo que debería defender un partido socialista".
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"Le he ofrecido al ministro también la posibilidad de que Castilla-La Mancha renunciara a todas sus pretensiones, por ejemplo, en relación con la población ajustada, si nos poníamos a trabajar en la nivelación total, que es todo lo contrario a la ordinalidad", ha añadido Ruiz Molina, que ha aclarado que su propuesta no ha sido acogida. EFE
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