La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

La Audiencia Nacional ha respaldado la actuación de la jueza María Tardón en las diligencias que abrió por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ha rechazado que su intervención haya afectado a la seguridad nacional, como sostuvo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En un escrito de este viernes, al que ha accedido Infobae, la Sala de Gobierno de la AN ha manifestado su “absoluto respaldo a la actuación de la magistrada de instrucción”.

La Sala también ha recalcado que Tardón “no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional” y sostiene que, por el contrario, actúa “para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales”. Este viernes también se ha hecho público que la magistrada ha recibido el escrito de la Guardia Civil.

Respuesta a los reproches de Marlaska

El acuerdo de la Sala de Gobierno responde a la carta que Grande-Marlaska remitió el día anterior a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. En ella, el ministro reprochaba a Tardón no haber trasladado a los responsables políticos la información que el Cuerpo Nacional de Policía había remitido al juzgado dentro de la investigación penal.

Interior defendió que la información policial era de “gran interés” para el departamento y para que el Gobierno pudiera ejercer sus funciones de dirección de la política interior, exterior y de defensa del Estado. El ministerio vinculó esa petición a razones de interés general y seguridad nacional. Sin entrar a valorar directamente esa afirmación, la Sala de Gobierno ha recordado el marco legal aplicable a la Policía Judicial. En concreto, cita el Real Decreto de 1987 que establece que las unidades y funcionarios policiales, cuando investigan delitos y aseguran a los responsables, dependen funcionalmente de los jueces, tribunales o fiscales que conocen del caso.

El órgano de gobierno de la Audiencia también subraya que esos funcionarios deben guardar “rigurosa reserva” sobre la evolución y los resultados de las investigaciones encomendadas, así como sobre las informaciones obtenidas durante ellas. Esta obligación, señala el acuerdo, se encuadra en la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Constitución.

Independencia judicial ante las críticas políticas

La Sala de Gobierno ha destacado especialmente el artículo 126 de la Constitución, que dispone que la Policía Judicial depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en las tareas de averiguación de delitos, descubrimiento de los responsables y aseguramiento de estos. Para la Audiencia Nacional, este principio constituye una garantía de la independencia de los integrantes del Poder Judicial.

Con ese argumento, el acuerdo concluye que la actuación de Tardón se ajusta a sus competencias jurisdiccionales. La magistrada dirige una investigación penal y, por tanto, puede solicitar informes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y decidir sobre el tratamiento procesal de la información recibida. La Sala considera que la jueza no solo no ha dificultado la seguridad nacional, sino que su labor sirve a la defensa del interés general. El texto remarca que esa actuación se desarrolla dentro del “respeto escrupuloso” a las funciones propias de la jurisdicción.