Marlaska se queja al Poder Judicial de la jueza que investiga Ceuta y Perelló pide respeto

Madrid, 3 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha quejado al Consejo General del Poder Judicial de que la jueza María Tardón prohibiera a la policía que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores, ante lo que la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha pedido "máximo respeto" a las decisiones de la magistrada.

Marlaska ha enviado una carta a Perelló en la que le transmite su "preocupación" por la decisión de la jueza y ésta le ha replicado con otra misiva, en la que dice compartir con Marlaska "la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis", pero deja claro que "la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto".

El ministro del Interior ha iniciado este intercambio de cartas después de que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), adscrito a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, haya elaborado un informe a petición de la magistrada de la Audiencia Nacional, que según Interior dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre dicho informe

En este informe, la Policía describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea" e implica a agentes marroquíes, destacando la respuesta policial de "total permisividad" o la presencia de agentes uniformados y no uniformados en actitudes compatibles con la monitorización o control de lo que estaba pasando.

En su carta, según han informado fuentes de Interior, Marlaska sostiene que en situaciones de extrema gravedad, como la de Ceuta, debe ser compatible que "sin que se resienta la independencia judicial" la policía judicial informe a los jueces a la vez que facilite al Gobierno "cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional".

Para el ministro, la información de la que dispone la Policía Nacional es "de gran interés" para Interior y para que el Gobierno ejerza "con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".

Así partiendo de que "respeta escrupulosamente" la independencia judicial, argumenta que, ante una situación de interés para la seguridad nacional, "no debería ser incompatible que se atiendan con toda diligencia los requerimientos de información de los órganos judiciales con la puesta en conocimiento de los superiores y responsables políticos" en la gestión de una crisis de tal magnitud.

En su escrito, Perelló señala al ministro que los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales.

También recuerda que la Constitución establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, general para todos los ciudadanos y especial para la policía judicial; y que la ley establece que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia.

“Estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto”, sostiene la presidenta del Poder Judicial. EFE