
El Tribunal de Instancia número 5 de Segovia ha dictado un auto en el que ha acordado continuar diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra el exalcalde de La Granja de San Ildefonso, José Luis Vázquez, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, mientras ha decidido el archivo de la causa abierta al actual alcalde granjeño, Samuel Alonso, por los mismos hechos.
La magistrada que tramita el caso ha considerado que las actuaciones objeto de investigación podrían guardar relación con algunos nombramientos de empleados municipales, la asignación de funciones y retribuciones, la contratación de determinados servicios, la ordenación de pagos ignorando los reparos puestos por la Intervención del Ayuntamiento y otras diversas decisiones, adoptadas durante el tiempo en que Vázquez fue alcalde, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.
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En la parte dispositiva del auto, el tribunal ha señalado que, a la vista de las diligencias practicadas, "procede continuar el procedimiento y dar traslado al Ministerio Fiscal para que este solicite la apertura de juicio oral mediante escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias".
Esta causa se remonta a 2023 y la abrió el entonces Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia para investigar una pluralidad de hechos presuntamente irregulares producidos durante el largo periodo en que Vázquez ocupó la Alcaldía, entre 2007 y 2019. La instrucción alcanzó también a su sucesor en el cargo, el actual regidor Samuel Alonso, y a una funcionaria municipal.
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En octubre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se declaró competente para asumir la instrucción de la parte del procedimiento referida a Vázquez, al ostentar éste la condición de aforado como procurador socialista en las Cortes regionales.
RENUNCIA AL ACTA DE PROCURADOR
Pocos días después de conocerse esa decisión, Vázquez presentó su renuncia al acta de procurador, lo que ha determinado que la causa haya continuado su curso en la jurisdicción ordinaria, en el Tribunal de Instancia de Segovia, órgano que ha heredado las competencias del antiguo juzgado de instrucción tras la reforma de la organización judicial.
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Por otra parte, la magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto del actual alcalde, Samuel Alonso. En relación con el presunto delito de falsedad documental inicialmente investigado, ha concluido que no existen indicios de que los informes emitidos por el regidor contuvieran afirmaciones contrarias a la realidad ni de que estos hubieran servido para realizar los nombramientos objeto de investigación.
Asimismo, sobre los posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, el tribunal ha considerado que no ha quedado acreditado que Alonso suscribiera los contratos investigados ni que tuviera conocimiento de una posible ilegalidad de estos cuando, ya durante su mandato, se efectuaron pagos derivados de dichos contratos.
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Este pronunciamiento judicial resulta especialmente relevante para la vida política municipal de La Granja de San Ildefonso, ya que despeja de responsabilidad penal al actual alcalde en el marco de una investigación que, durante meses, había planeado también sobre su gestión al frente del Consistorio como sucesor directo de Vázquez.
El archivo de la causa en lo que a él respecta permite a Alonso continuar su mandato sin la incertidumbre judicial que pesaba sobre parte de su actuación como regidor, mientras el foco de la instrucción queda ahora centrado exclusivamente en las decisiones adoptadas por su antecesor.
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El auto no es firme y cabe recurso de reforma ante el propio tribunal y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Segovia, o bien recurso de apelación directa. De este modo, tanto la defensa de Vázquez como las acusaciones que pudieran personarse en la causa disponen de la vía procesal oportuna para impugnar la decisión antes de que el procedimiento continúe su curso hacia una eventual apertura de juicio oral.
El caso se enmarca en una investigación de mayor alcance sobre la gestión municipal desarrollada en La Granja de San Ildefonso a lo largo de más de una década, en la que se han analizado sucesivas decisiones administrativas adoptadas por distintos responsables del Consistorio.
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La resolución ahora conocida supone un nuevo paso procesal, aunque no definitivo, en un procedimiento que continúa abierto y pendiente de la calificación que finalmente realice el Ministerio Fiscal.
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