Jucil rechaza la acusación de Marruecos sobre malos tratos en Ceuta y defiende la estricta legalidad de la Guardia Civil

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha expresado su "rechazo categórico" a las acusaciones de malos tratos por las fuerzas de seguridad españolas a migrantes que entraron a Ceuta de forma irregular el 30 de julio, vertidas en un informe por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos.

JUCIL ha defendido al respecto que la actuación de la Guardia Civil "se ajusta estrictamente al marco legal español y europeo, así como a los protocolos vigentes".

A través de un comunicado, la organización ha manifestado su "apoyo inequívoco" a los agentes que prestaron servicio durante la crisis fronteriza, subrayando que su labor se desarrolla en situaciones de "alta exigencia operativa" con el fin de proteger a la población y velar por la integridad territorial de España y la Unión Europea.

Jucil ha recordado que la labor de la Benemérita se realiza bajo el amparo de una democracia constitucional y está sujeta a un control permanente, tanto interno como externo, por parte de los tribunales, el Parlamento y el Defensor del Pueblo.

En este sentido, han incidido en que España "está suscrita al 100%" de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), encontrándose al margen de los convenios regionales americano y africano "únicamente por razones de adscripción geográfica".

La asociación considera que "no resulta procedente" que se formulen "imputaciones o señalamientos genéricos" contra la institución sin aportar pruebas fehacientes ni utilizar los cauces institucionales y judiciales previstos para tales observaciones.

Asimismo, subrayan que los guardias civiles destinados en la frontera requieren medios materiales adecuados, instrucciones claras y el debido respaldo institucional para ejercer su cometido en condiciones de seguridad jurídica, especialmente cuando se emiten valoraciones externas que puedan afectar injustamente a su reputación profesional.

EXIGENCIA DE RESPALDO INSTITUCIONAL

Desde la asociación, además han solicitado a las instituciones españolas un "posicionamiento claro" que respalde la labor realizada por los agentes en Ceuta y que ponga en valor el estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Asimismo, han instado a que los trámites de diálogo y cooperación en materia migratoria y fronteriza se fundamenten "en el rigor, el principio de veracidad y la vía institucional".

Finalmente, el secretario general de Jucil, Ángel Lezcano, ha reafirmado la postura firme de la organización frente a cualquier intento de "imputar a los agentes responsabilidades por situaciones operativas complejas que ellos no han generado". Lezcano ha recordado que la Guardia Civil encarna el servicio público, la legalidad y la protección de los derechos de la ciudadanía.