Madrid, 4 ago (EFE).- Entidades sociales como Cáritas Española y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) han expresado su preocupación ante la tragedia vivida en Ceuta en los últimos días y han pedido la protección de la dignidad y de los derechos humanos.
Por su parte, Save the Children valora las medidas anunciadas para reforzar la atención a la infancia migrante en Ceuta, entre ellas los 25 millones de euros anunciados por el Gobierno y la habilitación de dos centros educativos para acoger de forma urgente a más de 100 niñas que permanecían en la calle.
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Pero la entidad de infancia advierte de que "puede haber niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre las personas trasladadas" en los operativos hacia la frontera marroquí para su retorno y pide al Gobierno garantías legales.
"Ninguna persona debería verse obligada a arriesgar su vida para buscar protección, seguridad o un futuro mejor. Cada muerte en nuestras fronteras constituye una tragedia que interpela la conciencia colectiva de nuestra sociedad", expone Cáritas en un comunicado, en el que expresa su dolor por el centenar de personas que han fallecido intentando llegar a Ceuta.
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La organización católica recuerda la obligación de proteger a las personas más vulnerables, entre ellas los menores y los que huyen buscando protección, y advierte de que "las garantías establecidas en nuestro marco jurídico no puede quedar relegado en situaciones de presión fronteriza".
Además, denuncia "la instrumentalización de las personas migrantes como herramienta al servicio de intereses políticos o estratégicos y el uso de la demografía como arma de presión geopolítica".
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"Las personas migrantes son sujetos de derechos y merecen ser tratadas con respeto, humanidad y justicia", añade Cáritas.
Para la red europea de lucha contra la pobreza la respuesta inmediata debe asegurar la protección, la atención humanitaria y el acceso a derechos de todas las personas, con especial atención a la infancia y la adolescencia.
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La red reclama vías legales y seguras, una política europea de acogida y corresponsabilidad y el pleno cumplimiento de los derechos humanos en todas las actuaciones fronterizas.
Ante la gravedad de lo ocurrido, es necesaria una investigación independiente, exhaustiva y transparente que permita reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades, incluyendo la reacción de formaciones y cargos públicos cuya actuación está muy alejada de los valores democráticos que deben representar, concluye. EFE
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