San José: "Ojalá pudiéramos evitar el dolor de las víctimas de ETA, pero no podemos hacerlo incumpliendo la Ley"

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, defiende la legalidad de las progresiones de grado y la flexibilización de condenas a través del artículo 100.2 del reglamento penitenciario concedidas a presos de ETA. "Ojalá pudiéramos evitar el dolor y el sufrimiento que estos delitos han causado, pero desde luego no podemos hacerlo incumpliendo la ley", asegura.

Cuando quedan en las cárceles vascas 107 internos de la banda, con un 90% de solicitudes de "aplicación de normas del Estado de Derecho que hasta hace unos años combatían", afirma que "la sociedad tiene que concienciarse" de que, al final, los presos van a salir de prisión y se debe aspirar a que "salgan mejor de lo que han entrado".

En una entrevista concedida a Europa Press, San José reivindica que "la reinserción es un mandato constitucional y, por lo tanto, un principio básico del derecho penal", que "no significa impunidad ni olvido, sino cumplimiento de la condena de acuerdo a la ley, responsabilizándose del hecho, con control judicial y con orientación para evitar la reincidencia".

"No debemos olvidar que quienes están cumpliendo condena van a salir, van a estar en la calle, van a incorporarse a la sociedad y lo deseable es que se reincorporen mejor de lo que han entrado, a ser posible completamente reinsertados, independientemente del delito que cometan", destaca.

Sobre las reacciones de algunas asociaciones de víctimas ante las concesiones de progresiones de grado de los reclusos de ETA o la semilibertad a través del artículo 100.2, que consideran "fraudulentas", asegura que es consciente de que "no hay pena para compensar el dolor que las víctimas sienten".

Por ello, añade que el Gobierno Vasco deber ser "especialmente riguroso" con las decisiones que toma al respecto. "Ojalá pudiéramos evitar el dolor y el sufrimiento que estos delitos han causado, pero no podemos hacerlo incumpliendo la ley, porque eso es precisamente lo que nos diferencia de los que usaron la violencia al margen del Estado de Derecho para imponer un proyecto político", advierte.

En todo caso, subraya que el compromiso de su departamento "se centra en acompañar y escuchar a las víctimas, poniendo a su disposición todas las herramientas para que comprendan que no están solas" en ese camino "hacia la verdad, la justicia, la reparación y reconocimiento de su dignidad".

La titular de Justicia dice que "las decisiones en materia penitenciaria no se adoptan a la ligera" y supone "un triunfo del Estado de Derecho que los presos de ETA sean capaces de reconocer el daño causado y se acojan a esa legalidad penitenciaria".

SIN "FRAUDE"

En cuanto a la "sinceridad" de estos internos, asevera que "los equipos técnicos en sus informes, en sus evaluaciones, tienen en cuenta que haya una coherencia entre la evolución del interno y sus acciones, entre lo que hace y lo que dice". "Si pensáramos que hay fraude, si pensáramos que solo se busca el beneficio, no se concedería ninguna progresión y ninguna aplicación del 100.2", indica.

Tal como precisa, además, "quien accede a una progresión de grado o al 100.2 y sale a trabajar o hace alguna actividad de voluntariado, porque así lo aconseja su programa de tratamiento, sigue cumpliendo su condena y no está en libertad".

En este sentido, insiste en que su labor es "lograr que los presos de ETA, cuando salgan de la cárcel, no sean las mismas personas que entraron, que su discurso del pasado no se sostenga, que sean capaces de interiorizar el daño que han causado y decir que no tenían que haberlo hecho".

CRÍTICAS DEL PP

En cuanto a las reiteradas criticas del PP, recuerda que, "mientras estuvo en el Gobierno de España, con el presidente Aznar a la cabeza, se acercó solamente entre 1996 y 1999 a 200 presos a cárceles de Euskadi". "Hubo 30 progresiones a tercer grado en 4 años, hubo excarcelaciones y todo en un contexto en el que ETA asesinaba, extorsionaba, secuestraba", destaca.

Además, señala que "una de las primeras decisiones que tomó Aznar como presidente fue la de indultar a terroristas de Terra Iure, que estaban cumpliendo delitos por terrorismo". "Estas decisiones se tomaron dentro del marco legal vigente, de acuerdo a la legislación penitenciaria que existía, igual que sucede ahora. Por eso, creo que es importante que cada uno recuerde su pasado, que mire dentro de su casa, antes de lanzar acusaciones a quienes estamos trabajando, cumpliendo la ley y con el único objetivo de restablecer la convivencia en Euskadi", añade.

La consejera es tajante al negar que haya un pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu para excarcelar a los presos de ETA, como defiende el Partido Popular. "No hay ningún privilegio, no hay ningún derecho automático. Si la persona interna no cumple los requisitos legales u objetivos establecidos legalmente, si no se da esa evolución acreditada, si no se responsabiliza del hecho cometido, si no tiene posibilidades de reiteración y si no cumple con la responsabilidad civil, no se concede ningún permiso, ningún cambio de clasificación ni ninguna progresión de grado", zanja.

EL 100.2 Y TERCEROS GRADOS

María Jesús San José remarca que el 100.2 del reglamento penitenciario es "una herramienta legal individualizada que se aplica caso por caso en función de informes técnicos y circunstancias muy concretas".

"Los equipos técnicos analizan cada expediente de forma completamente individualizada, atendiendo al cumplimiento de requisitos objetivos, a la evolución personal, a la asunción de la responsabilidad, al riesgo de reincidencia y las posibilidades de reinserción. Son profesionales y, cuando plantean una cuestión como esta, es porque se ha acreditado esa evolución", subraya.

Por ello, manifiesta que el Gobierno Vasco está "cumpliendo estrictamente la ley, las decisiones están motivadas y sometidas a control judicial". "En los casos en los que se pueden revocar o no autorizar por los tribunales, no es porque la Administración haya cometido ninguna irregularidad ni ilegalidad, sino que nos encontramos ante una discrepancia técnica o jurídica dentro del marco legal vigente", aclara.

Respecto a los terceros grados, señala que se pondera "el tiempo transcurrido y la evolución acreditada". "Ahí no hay ninguna discrecionalidad ni ninguna arbitrariedad, porque cada uno, tanto la Administración como, en este caso, el control judicial, decide dónde pone ese foco y cuál es su valoración y cuál es su ponderación", apunta.

Por último, manifiesta que existe un grupo reducido de reclusos de ETA que se niega a hacer este recorrido legal, y que también acabará saliendo de prisión cuando cumpla condena, pero "sin haber cambiado absolutamente nada y haber hecho ningún tratamiento que contribuya a su reinserción". LOS DESAPARECIDOS EN LA TRANSICIÓN

Por otra parte, María Jesús San José, ha querido hacer suyas las palabras del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que en el 50 aniversario de la desaparición del exdirigente de ETA político-militar Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', exigió al Estado "que haga todo lo que esté en sus manos para localizar a los desaparecidos durante la transición, y que toda aquella persona que sepa algo, venza el miedo y hable".

A juicio de la consejera, "es un paso fundamental" la modificación de la Ley de secretos oficiales. "Tenemos que ser capaces de mirar al pasado por muy sucio y doloroso que este sea y, si creemos firmemente que hasta que no sanemos todas esas heridas no vamos a poder tejer una convivencia firme y sólida, no entiendo qué sentido tiene seguir escondiendo una documentación que tanto podría aportar a tantas familias como la de Pertur, la de Lasa y Zabala o a las de las víctimas de Bahía de Pasaia, etc", incide.