La Fiscalía estudia denunciar por delito de odio a la Consejería de Aragón que aprobó retirar ayudas a menores migrantes

La Fiscalía General del Estado estudia denunciar por delito de odio a la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, cuyo titular es el vicepresidente de Aragón y líder regional de Vox, Alejandro Nolasco, por la retirada de la retribución semanal a menores extranjeros no acompañados que se encuentran en centros de acogida de la comunidad.

Según ha avanzado 'Eldiario.es' y han confirmado a Europa Press fuentes fiscales, desde la Fiscalía General se ha remitido un oficio a través de la Fiscalía de Menores de Zaragoza a la Consejería para que confirme si ya ha aprobado la resolución.

Además, también pide información sobre si la medida afectará solo a menores extranjeros y solicita que justifique los motivos de su aprobación.

La Fiscalía General ha trasladado la información a la Fiscalía de Odio para que valore si podría haber un delito de odio y, si lo considera, presentar una denuncia en el ámbito contencioso-administrativo, precisan estas fuentes.

Cabe recordar que Nolasco ordenó suprimir estas ayudas este lunes, una partida que se venía pagando con cargo al Presupuesto de la comunidad autónoma.

Se trata de unas pagas que, según justificaron desde el Departamento de Desregulación, no contaban con soporte reglado, se abonaban de forma semanal y fija, con el mismo importe a todos los menores acogidos en centros del Gobierno de Aragón.

Fruto de las auditorías internas de gastos que está realizando la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, se detectó la existencia de estas pagas que suponían un coste anual de 180.000 euros, a tenor del número de menores que actualmente acoge forzosamente Aragón por imposición del Gobierno central.

Estas asignaciones ascendían a 17 euros semanales para cada joven, de forma fija. Nolasco ha valorado que "estos 180.000 euros de gasto anual que hasta ahora se utilizaban para dar 'propinas' a los menores equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias".

Tras conocerse esta medida, el Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, se dirigió a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para poner en su conocimiento la decisión del Gobierno autonómico.