Barcelona, 31 jul (EFE).- La Fiscalía Superior de Cataluña ha evitado pronunciarse sobre la petición del excargo del Govern Josep Maria Jové (ERC) al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que retire sus cuestiones prejudiciales y amnistíe ya su causa por organizar el 1-O, tras el aval de la justicia europea a la ley.
En un escrito, el teniente fiscal Pedro Ariche recuerda al TSJC que el ministerio público no instó en su día a elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por lo que deja en sus manos resolver si aplica la amnistía ya al también diputado de ERC.
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Jové, junto al también excargo de ERC Lluís Salvadó, está acusado de malversación, prevaricación y desobediencia por su papel en la organización del 1-O cuando ejercía de secretario general del Departamento de Economía en la etapa de Oriol Junqueras.
Antes de resolver si los amnistiaba, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió dejar en suspenso el proceso contra los dos ex altos cargos y elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante las dudas que le suscitaban varios artículos de la ley relativos a la protección de los caudales públicos y la persecución de la corrupción.
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Las preguntas planteadas por el TSJC coinciden en el fondo con las que formuló el Tribunal de Cuentas sobre la malversación en el procés y que la justicia europea resolvió la semana pasada avalando la amnistía, pero las que atañen a Jové y Salvadó se tramitaban en un proceso diferente.
No obstante, la defensa de Jové, presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlament, considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sienta doctrina, por lo que puede aplicarse ya de forma inmediata al caso suspendido en el TSJC, sin esperar a que la justicia europea resuelva.
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La Fiscalía admite en su escrito que la sentencia del TJUE sobre la responsabilidad contable del procés "tiene por objeto determinados puntos comunes" con el caso que afecta a Jové y Salvadó, pero "no se advierte una completa identidad" entre ambos procedimientos.
Por ese motivo, el ministerio público considera que deberá ser la propia sala civil y penal del TSJC la que, "para el caso de entender debidamente contestadas las dudas" sobre la adecuación de la ley de amnistía a la normativa europea, "proceda a retirar de oficio la cuestión formulada, manteniéndola en caso contrario". EFE
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