Podemos recalca que el decreto de vivienda que preparaba el Gobierno era "una auténtica temeridad"

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha recalcado este lunes que el decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno envió a los grupos la semana pasada y cuya aprobación ha retrasado a septiembre era "una auténtica temeridad" y suponía una "amnistía urbanística para los grandes pelotazos".

En una rueda de prensa en la sede del partido, Fernández ha vuelto a denunciar que el Gobierno pretendía "colar por la puerta de atrás" una reforma de la Ley del Suelo con una norma que, a su juicio, implicaba "tomar como rehenes a los inquilinos y a los millones de personas que a día de hoy no pueden ni comprar una casa ni alquilar una vivienda".

Fernández ha recordado que Podemos, junto con otros grupos de izquierda, ya impidió la aprobación en el Congreso esa reforma de la Ley del Suelo que ahora "el Gobierno quiere colar por decreto en pleno verano, cuando cree que nadie está mirando".

Ese texto, ha protestado, permitiría "legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros" y limitaría de forma importante la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.

Así, ha destacado que esa reforma eliminaría el derecho de un antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado por interés público si no se utiliza para ese fin. "Se trata, por tanto, de una reforma hecha a la medida de los intereses del BBVA, de la constructora San José o de Merlin Properties en la Operación Chamartín", ha indicado, resaltando que cuenta con el beneplácito de la Confederación Nacional de la Construcción y el rechazo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

"Yo creo que no hace falta hacer un croquis para que todo el mundo le quede muy claro a quién responde estos intereses de la reforma que quiere perpetrar el Gobierno. Por todo ello, la posición de Podemos es muy clara. Esta reforma para nosotros es línea roja", ha insistido Fernández, poco antes de que el Gobierno anunciara que finalmente no aprobará el decreto ley este martes, sino que, por la falta de acuerdo para su posterior convalidación, ha optado por dejar el trámite para septiembre.