La amnistía, ante la justicia europea: las claves de una sentencia crucial para Puigdemont

Rossi García

Barcelona, 12 jul (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá el próximo jueves si la amnistía de los delitos de terrorismo y malversación en el procés se ajusta a la normativa comunitaria, dos años después de aprobarse la ley, en una sentencia crucial para el futuro del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Más allá de resolver las dudas que los tribunales españoles platearon sobre la ley, la sentencia marcará la respuesta del Tribunal Constitucional, ahora de mayoría progresista, al recurso de Puigdemont contra la negativa del Supremo a aplicarle la amnistía. La decisión, que podría propiciar su regreso a España, no se espera para antes de otoño.

Estas son las principales claves de un fallo que, sea cual sea su sentido, volverá a sacudir la política española a cuenta del procés.

El tribunal deberá pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron, por un lado, el Tribunal de Cuentas en la causa por la responsabilidad contable de los gastos del 1-O y, por otro, la Audiencia Nacional, en el caso de los doce CDR (Comités de Defensa de la República) acusados de terrorismo por planificar sabotajes en protesta contra la sentencia del procés.

El Tribunal de Cuentas fue el primero en plantear ante la justicia europea que la amnistía podría colisionar con intereses financieros de la Unión Europea, lo que dejó congelada la aplicación de la ley en un proceso en el que están encausados 33 ex altos cargos del Govern, entre ellos los expresidents Puigdemont y Artur Mas, por un desvío de 3,4 millones de euros en los gastos del 1-O y la promoción exterior del procés.

También deberá dar respuesta la justicia europea a la dudas que la remitió la Audiencia Nacional sobre si el borrado de los delitos de terrorismo contraviene el derecho comunitario, lo que dejó en suspenso su aplicación a doce miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) que afrontan penas de hasta 27 años de cárcel por plantear acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña.

A nadie se le escapa el alcance político de una sentencia que, al margen de sus efectos judiciales, supondrá el primer dictamen de la justicia europea sobre la apuesta del Gobierno de pasar página al procés mediante una ley de amnistía.

En su informe al tribunal, el abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, descartó que la amnistía fuera contraria a los intereses financieros de la Unión Europea, aunque cuestionó el plazo máximo de dos meses que la ley fijó para su aplicación por los tribunales.

Su informe rechazó también que la ley de amnistía contraviniera la directiva antiterrorista europea, puesto que excluye explícitamente aquellos actos que constituyan graves violaciones de derechos humanos, como el de la vida o la integridad física.

Pese a no ser vinculantes, las conclusiones del abogado general orientan las sentencias del TJUE y suelen coincidir con el fallo, lo que apuntaría a un posible espaldarazo de la justicia europea a la amnistía del terrorismo y la malversación.

De avalar la amnistía de la malversación, la sentencia del TJUE puede permitir a Puigdemont sortear el penúltimo escollo para su regreso y rehabilitación política, aunque la anulación de la orden de detención que el Supremo dictó contra él en la causa del procés se haría esperar todavía meses.

La decisión de la justicia europea condicionará las resoluciones del Constitucional ante los recursos de amparo que presentaron tanto Puigdemont como el líder de ERC Oriol Junqueras contra la decisión del Supremo de no amnistiarles el delito de malversación -que en el caso del republicano afecta a su pena de inhabilitación-.

El argumento del Supremo fue doble: la malversación por los gastos del 1-O queda fuera de la amnistía porque supuso un beneficio personal para sus impulsores -que se ahorraron los costes de una iniciativa que no respondía al interés general- y el referéndum ponía en riesgo la aportación de España a la Unión Europea.

Con su decisión, la justicia europea no solo da respuesta al Tribunal de Cuentas: sus argumentos pueden ser extrapolables a las causas penales por malversación en el procés, desde las que afectan a Puigdemont y Junqueras a las de los excargos de ERC Josep Maria Jové y Josep Salvadó, cuyo juicio por organizar el referéndum quedó suspendido a la espera del dictamen del TJUE.

El Tribunal Constitucional, según fuentes jurídicas, no resolverá sobre los recursos de amparo sobre Puigdemont hasta septiembre u octubre próximos, ya que sus magistrados se quieren dar tiempo para estudiar a fondo la sentencia de la justicia europea en una deliberación que se prevé ardua.

En el caso de que el Constitucional resuelva que Puigdemont debe ser amnistiado, la pelota volvería al Tribunal Supremo, al que corresponde su aplicación a través de una resolución que dé por archivado el caso y levante las órdenes de detención contra el expresidente catalán.

Con una eventual sentencia favorable del TJUE en la mano, la defensa de Puigdemont podría también solicitar medidas cautelares al Constitucional para que revoque la orden de detención del expresident antes de dictar sentencia y acelerar así su regreso.

El tribunal, sin embargo, ya rechazó esa posibilidad planteada por la defensa del expresident el pasado mes de enero, cuando presentó su recurso de amparo, y acordó mantener la orden de detención, por diez votos a uno. EFE

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