Barcelona, 9 jul (EFE).- Amnistía Internacional ha denunciado este jueves la "inacción y obstaculización" de la Fiscalía General del Estado en las investigaciones sobre el espionaje al independentismo catalán con el programa Pegasus, que seis años después de denunciarse mantiene las causas en instrucción o sobreseídas.
"La Fiscalía no garantiza que las víctimas tengan acceso a recursos judiciales efectivos, ni tampoco que las investigaciones finalicen, y su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización", ha señalado la responsable de Investigación y Política Interior en Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez, en la presentación de un nuevo informe sobre el espionaje masivo a activistas, periodistas, políticos y abogados entre 2017 y 2020.
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La investigación, que analiza la actuación del ministerio fiscal en diez causas del entorno independentista que se encuentran en tribunales de Barcelona, concluye que el espionaje con el software malicioso continúa "impune" y que sus víctimas, unas 65 según la institución canadiense Citizen Lab, que destapó el caso, "siguen esperando saber quién y para qué se espió su intimidad", ha subrayado Álvarez.
Según Amnistía Internacional, la "obstrucción" de la Fiscalía se encuentra en diversos estadios de los procedimientos, desde la admisión a trámite de las causas o el cuestionamiento de la competencia de los tribunales para asumirlas, pasando por la oposición a realizar diligencias interesadas por las acusaciones, como las relativas a la responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o de la empresa propietaria del programa NSO Group.
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Así lo ha detallado la consultora jurídica que ha realizado el análisis de las causas, Blanca Domínguez, quien ha puntualizado que muchos de estos extremos han acabado siendo corregidos por la Audiencia Provincial, pero que sin embargo la actuación del ministerio público ha llevado a las víctimas a pedir la emisión de comisiones rogatorias o de órdenes europeas de investigación.
La organización ha denunciado que las investigaciones se topan también con la falta de acceso a la información y de colaboración por parte del Gobierno, que mantiene dichos datos clasificados como secreto.
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"La carga la acabamos teniendo las víctimas, que tenemos que investigar lo que no está investigando el Estado", ha señalado la periodista y víctima de presunto espionaje Txell Bonet, pareja del expresidente de la entidad Òmnium Cultural Jordi Cuixart, quien ha asegurado además que debido a la dilación del proceso sigue sufriendo "victimización, criminalización y estigmatización".
Según Virginia Álvarez, "no hay posibilidad de usar este software sin vulnerar el derecho a la intimidad, a la libertad de expresión, de información o de asociación"”, por lo que Amnistía Internacional exige a las autoridades españolas que prohíban la compra, venta y transferencia de herramientas de espionaje como Pegasus o Candriu, así como que reformen la Ley de Secretos Oficiales para adecuarla a estándares internacionales.
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Al ministerio fiscal, quien se opuso a la unificación de las causas, la entidad le reclama que reconozca que los hechos se enmarcaron en la operación masiva del 'Catalangate', que averigüe el "concreto funcionamiento" de Pegasus y qué participación tuvieron el CNI y CSO en el caso, y que colabore con las víctimas. EFE
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