Un Parlamento canario dividido sitúa a Torres como responsable del caso mascarillas

Santa Cruz de Tenerife, 8 jul (EFE).- El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con los votos de CC, PP y Vox, el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso mascarillas, que sitúa la responsabilidad política en el Ejecutivo regional de entonces y en particular en su presidente, el actual ministro Ángel Víctor Torres.

CC, PP y Vox han rechazado el voto particular presentado por PSOE, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera, que gobernaban la pasada legislatura, partidos que se han ausentado del pleno, tras expresar su rechazo a un dictamen que consideran que no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos.

Además han opinado que el dictamen se basa en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su "fortaleza electoral".

El informe concluye que la principal responsabilidad política recae en el Gobierno de Canarias y se proyecta "de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera y los responsables del área de Sanidad", según expuso en el pleno del Parlamento el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Raúl Acosta, de AHI.

El caso mascarillas en Canarias partió de la adjudicación en mayo de 2020 a la empresa RR7, propiedad de Rayco Rubén González y dedicada a la compraventa de coches, de un contrato de 4 millones de euros para suministrar un millón de mascarillas FFP3, las cuales no fueron entregadas, pero sí abonadas por el Servicio Canario de la Salud (SCS).

En la investigación judicial están imputados el empresario, por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, el entonces director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos del SCS, por prevaricación en la tramitación del expediente de compra.

La comisión parlamentaria amplió el foco más allá del contrato de RR7 y examinó también otros contratos sanitarios de la pandemia relacionados en las informaciones con la trama del caso Koldo, como los contratos de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión por más de 12 millones de euros y los contratos de test de coronavirus por 5,3 millones de euros a Eurofins Megalab.

En su intervención, la representante de CC Vidina Espino ha acusado a Torres de ignorar las advertencias de los funcionarios, de comprometer millones de euros en todas estas operaciones y de ocultar su verdadera implicación política mientras que el diputado del PP FernEnseñat, ha afirmado que Torres de colaboró activamente para abrir las puertas de Canarias "a una organización criminal".

La diputada del PSOE, Nira Fierro, ha acusado a los tres grupos proponentes de montar un "circo político" de bulos y conclusiones predeterminadas para satisfacer sus "urgencias electorales", puesto que se ha acreditado que solo hubo un contrato fallido de entre 1.400 expedientes, en un contexto de emergencia sanitaria, y que el Gobierno de Canarias hizo todo lo posible por recuperar los fondos. EFE

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