Extremadura rechaza acoger más menores y pide habilitar la Delegación del Gobierno

Mérida, 1 jul (EFE).- El vicepresidente del Ejecutivo extremeño Óscar Fernández Calle (Vox) ha instado a habilitar las dependencias de la Delegación del Gobierno en esta comunidad para la acogida de menores migrantes no acompañados, pues la red asistencial extremeña está "al borde del colapso".

En rueda de prensa, Fernández Calle ha animado al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y a "algunos" alcaldes, como el de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que son "muy solidarios con los recursos de los demás", a "predicar con el ejemplo" y a destinar recursos "personales" para atender a estos menores.

Fernández Calle ha atendido a los medios de comunicación en Mérida el mismo día en el que los consejeros que gestionan la atención a menores extranjeros no acompañados de todas las comunidades autónomas estaban convocados a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Sin embargo, todos los consejeros de Vox que gestionan dichos servicios en Castilla y León, Aragón y Extremadura se han ausentado como forma de rechazo al reparto anunciado el pasado martes por el Gobierno central, mediante un real decreto sobre la capacidad de acogida que debe tener cada autonomía.

Dicho decreto incrementa de 344 a 364 la capacidad ordinaria asignada a Extremadura de menores migrantes no acompañados. Una cifra "teórica" que, según el consejero extremeño, no refleja la ocupación real de los recursos de protección.

En la actualidad, la Junta tutela a 107 menores migrantes no acompañados y "sólo quedan 14 plazas libres" en el conjunto de la red asistencial de menores, con independencia de que los futuros usuarios de las mismas sean de nacionalidad española o extranjera.

La aprobación ayer de un real decreto por el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de menores migrantes no acompañados de las comunidades autónomas según su población, con 364 en el caso de Extremadura.

"De forma unilateral, sin consultar y sin conocer la red asistencial extremeña, el Gobierno de España ha decidido elevar la cifra de acogimiento de menores migrantes no acompañados a 364 plazas cuando actualmente ya hay 107, lo que supone triplicar la cifra.

Ha defendido que la prioridad del Ejecutivo regional es garantizar una atención "digna, individualizada y de calidad" a todos los menores bajo protección, por lo que "la teórica cifra" de 364 no es asumible.

Según ha expuesto, 19 de los 107 cuentan con referentes familiares en España y otros cinco disponen de familiares fuera del país, una circunstancia que podría dar lugar, "siempre que se cumplan los requisitos legales, a procedimientos de reagrupación familiar".

A su juicio, la prioridad debe estar en garantizar que el menor esté, si es posible, en su ámbito familiar. "Intentaremos que vuelvan con esos familiares", ha agregado.

Asimismo, ha reiterado que la Junta de Extremadura utilizará "todas las herramientas jurídicas y políticas" para impedir nuevos repartos que considere contrarios a la capacidad real del sistema extremeño, desde recursos ante la jurisdicción contencioso administrativa y la posible exigencia de responsabilidades penales por la aplicación de la Ley de Extranjería.

"Vamos a luchar con todas las armas legales que tiene el Gobierno de Extremadura para que no vengan más", ha insistido. EFE

(foto)