Melilla, 30 jun (EFE).- El empresario Abdelmayid Belkasen Mohamed ha denunciado ante un juzgado de Melilla que el presidente melillense y del PP regional, Juan José Imbroda, reveló en una comparecencia de prensa sus datos personales como autor de la nota manuscrita que originó un informe policial sobre presunta corrupción.
La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, fue presentada el pasado jueves ante el Tribunal de Instancia número 2 de Melilla, el mismo que investiga la operación Santiago-Rusadir y que ordenó deducir testimonio a raíz del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que ve indicios de prevaricación y malversación en una operación urbanística del Gobierno de Melilla.
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En la denuncia, Abdelmayid Belkasen denuncia la difusión pública, por parte de Imbroda, de sus datos personales, domiciliarios, empresariales y procesales en una rueda de prensa celebrada en la sede del PP el día antes, en la que hizo referencia directa a él calificándolo de “presunto delincuente” al estar investigado en la operación Santiago-Rusadir.
Belkasen señala que los datos personales que divulgó Imbroda proceden del informe policial de la UDEF originado por el hallazgo de una nota manuscrita con el título “Operación Valenzuela” en un registro domiciliario, y considera lo ocurrido como “una circunstancia de extraordinaria gravedad procesal y personal”.
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A su juicio, podría suponer una vulneración de los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen el carácter reservado de las diligencias del sumario, y encajar en el artículo 466 del Código Penal por revelación de actuaciones secretas, o en el artículo 417 por revelación de informaciones conocidas por razón del cargo público.
Añade que la divulgación podría conllevar una violación de seguridad y un uso ilícito de datos personales tratados en el ámbito policial o judicial penal, regulado en la Ley orgánica 7/2021.
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Por todo ello, el empresario reclama una serie de diligencias a la jueza, entre ellas la trazabilidad del acceso al informe policial para averiguar los profesionales o usuarios que tuvieron acceso al documento en el expediente; y la identificación de posibles accesos no procesales, de modo que la Ciudad Autónoma aclare si tuvo acceso al informe, en qué fecha, por qué cauce y “si se usó para preparar la rueda de prensa”.
De igual modo, pide que se incorpore a las actuaciones el vídeo íntegro de la rueda de prensa, su transcripción literal y las capturas de su difusión en redes sociales o noticias y que se acuerden medidas de protección de datos personales, como anonimizar DNI, domicilio y “datos innecesarios” en futuras copias y advertir a las partes sobre la prohibición de difundir esta información.
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Solicita que se depuren responsabilidades si queda probado el “acceso, cesión, entrega o difusión indebida del informe policial o de los datos personales que contiene”.EFE
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