El Gobierno acelera medidas económicas y sociales ante el último curso de la legislatura

Madrid, 29 jun (EFE).- El Gobierno pretende acelerar una serie de medidas económicas y sociales, entre ellas en materia de vivienda, con las que evidenciar su compromiso en esas áreas ante el último curso político de la legislatura.

A la espera de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decida cuándo se celebrarán las elecciones generales, que ha garantizado en cualquier caso que serán en 2027, el Gobierno está decidido a aprovechar los meses que quedan para ahondar en iniciativas de calado social.

Al menos para presentarlas, negociarlas e intentar que salgan adelante, y en caso contrario, dejar patente qué formaciones políticas se oponen a ellas.

Proyecto esencial para dar cobertura económica a muchas de esas medidas es el de presupuestos generales para el próximo año y que ha dado este lunes su primer paso al aprobar el Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recalcado en la rueda de prensa posterior a esa reunión que los presupuestos son la plasmación de una agenda política y económica.

A priori, ha expresado la intención de seguir los plazos legales previstos, lo que supondría presentar el correspondiente proyecto de ley en el Parlamento antes de que termine septiembre.

Antes, este mes de julio, está previsto presentar en el Congreso la senda de estabilidad que, en caso de que no prosperara en una primera votación, tendría que volver a enviar de nuevo el Gobierno a la Cámara baja.

Los plazos presupuestarios cobran especial importancia después de que Sánchez no cerrara la puerta a un posible adelanto electoral en caso de que no lograse sacar adelante unas nuevas cuentas del Estado.

Julio quiere ser aprovechado también por el Gobierno para avanzar en decisiones relativas a un asunto que Sánchez ha considerado un pilar de esta legislatura, la vivienda.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha avanzado que será en este mes cuando el Gobierno aprobará un real decreto "amplio y transversal" con un paquete de medidas al respecto, como un aumento del IVA al 21 % para pisos turísticos o la prórroga de los contratos de alquiler.

La intención es consensuar con los grupos del Congreso esas iniciativas para que todos se sientan representados y sea posible convalidar el real decreto en el Parlamento.

Fuentes del Gobierno han emplazado a la negociación ante la posibilidad de que incluya propuestas en materia de fiscalidad como las planteadas por Junts (clave para que salga adelante la iniciativa), pero por parte de Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que hay disposición a hablar y, por tanto, hay margen para el acuerdo.

El Gobierno ha aprobado igualmente la prórroga de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, y ha asegurado que seguirá la evaluación de la situación para actuar en consecuencia.

Son decisiones que se suman al proceso de regularización de inmigrantes que concluye este martes y a otra serie de medidas aprobadas o anunciadas por el Ejecutivo la pasada semana y que las fuentes del Gobierno consideran una muestra de su compromiso social.

Entre ellas, el aumento de la aportación del Estado a la dependencia en 2.218 millones de euros para 2026, o el anuncio de la ampliación de la prestación a familias por cuidado de niños gravemente enfermos.

Todo ello prueba, según las fuentes del Ejecutivo, que hay recorrido para la legislatura y que no se trata de resistir, sino de dar contenido a una acción en beneficio de la ciudadanía.

En esa línea, el ministro Urtasun ha recalcado que la legislatura debe continuar con una hoja de ruta que sirva para hacer cosas.

Además de las cuestiones sociales, ha insistido en la necesidad de luchar contra la corrupción acelerando la ley de integridad pública y afrontando la regulación de la figura de los expresidentes. EFE