Murcia, 29 jun(EFE).- Pacientes y familiares de personas que han sido intervenidas por el cirujano investigado en la trama de las prótesis coronarias del Servicio Murciano de Salud (SMS) han constituido una asociación para exigir explicaciones y personarse como acusación particular cuando se abra el procedimiento judicial por esta causa.
La Policía Nacional destapaba el pasado mes de mayo esta trama, que podría haber defraudado alrededor de 6,8 millones de euros al Servicio Murciano de Salud, entre 2018 y 2025, mediante la implantación de material cardiovascular caducado o no homologado.
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En el marco de esta operación se ha detenido en Murcia a once personas, incluyendo el cirujano investigado, que era el que presuntamente adquiría el material sanitario por un precio muy superior al que habitualmente pagaba el SMS por este tipo de productos, y lo usaba en las operaciones que llevaba a cabo en clínicas concertadas con la sanidad pública.
La nueva organización, denominada Asociación de Afectados por Prótesis Sanitarias de Dudosa Calidad en la Región de Murcia (APDC), se ha presentado este lunes y está integrada principalmente, ha explicado su presidente, Andrés Mora, por personas mayores que se sienten “angustiadas” porque portan algún tipo de prótesis coronaria sin saber si pudieran ser no homologadas o caducadas.
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Durante la presentación de la plataforma, algunos afectados han mostrado su inquietud, como es el caso de José Soler, que fue operado por el cirujano investigado en una derivación a la clínica Quirón, donde le implantaron un stent en la pierna en diciembre de 2024.
La operación, ha explicado a los medios de comunicación, no fue bien, y el mismo doctor le dijo que debería someterse a una segunda operación, sin garantías tampoco de éxito.
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Su próxima revisión estaba prevista para el próximo 3 de julio, pero se la adelantaron y, aunque fue atendido en el Hospital de la Arrixaca, no ha recibido más datos sobre la calidad del dispositivo que le implantaron, lo que ha hecho crecer su incertidumbre, incrementada por el hecho de que podría perder la pierna.
Por su parte, Eva María Ríos, perdió a su padre unos meses después de ser operado por el mismo cirujano en 2021, y ha exigido que se investiguen los hechos y que la Consejería de Salud demuestre a la familia “con hechos” que el fallecido no fue víctima de la implantación de una prótesis caducada.
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Es la misma sospecha que ha trasladado María del Carmen Lorca, cuyo marido fue operado con un stent en 2017 y falleció pocos meses después: “Pido que se abra una investigación, que se depuren responsabilidades, que los culpables den la cara y se investigue todo hasta el final para poder quedarnos tranquilos”, ha dicho.
Esa tranquilidad es la que ahora le falta a Aurelio Manso, con un stent desde 2021: aunque su operación fue bien, ha asegurado que se siente “muy intranquilo” porque desconoce si su prótesis está entre las afectadas o no.
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Desde la asociación han exigido a la Consejería de Salud que especifique en qué horquilla de fechas se han estado implantando esta prótesis ligadas al fraude, qué tipo de prótesis serían las caducadas y en qué centros hospitalarios se pudieron implantar.
También han habilitado un correo electrónico de contacto (afectadosprotesis.sms@gmail.com) para que cualquier persona que tenga dudas sobre si puede estar afectado por este fraude pueda sumarse a la asociación.
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Una vez que arranque el procedimiento judicial por este caso, la asociación se personará como acusación particular con el objetivo de poder avanzar hasta el final de la investigación. EFE
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