El Senado aprueba moción que insta al Gobierno a frenar los derribos por la Ley de Costas

Madrid, 24 jun (EFE).- El pleno del Senado ha aprobado este miércoles una moción del Partido Popular que insta al Gobierno a paralizar todas las acciones que puedan causar un daño irreversible a las propiedades del litoral español hasta que el Congreso no aborde la reforma de la Ley de Costas.

La moción ha sido aprobada con 151 votos a favor, 90 votos en contra y 16 abstenciones.

La senadora del Partido Popular Teresa María Belmonte ha sostenido que mientras la reforma “siga secuestrada en el Congreso”, se debe acordar una “moratoria urgente de todos los deslindes en curso”.

La reforma a la que alude el PP, aprobada por el Senado el 12 de marzo de 2024, buscaba preservar los núcleos costeros tradicionales con “valor etnográfico” y ofrecer “protección jurídica a las decenas de miles de personas que ven amenazadas sus construcciones”, según la moción.

El Senado, con mayoría popular, también ha solicitado la suspensión cautelar de la tramitación del anteproyecto de real decreto que modifica el Reglamento General de Costas para adaptarlo a la normativa europea de concurrencia competitiva por considerarlo, en palabras de Belmonte, un “atropello constitucional”.

Para la senadora, el anteproyecto es una “expropiación encubierta”, al permitir revocar concesiones vigentes sin garantizar una indemnización plena a los propietarios, e “impone la inseguridad jurídica”, al introducir el silencio administrativo sin cobertura legal.

Precisamente, la moción –sin efectos legislativos directos ni vinculantes– reclama garantizar una indemnización íntegra que comprenda el “daño emergente como el lucro cesante” derivado de la reducción del periodo concesional y asegurar la “plena seguridad jurídica” de las concesiones otorgadas y de las inversiones realizadas.

Por su parte, el senador socialista, José Antonio Valbuena ha defendido el anteproyecto apelando al “rango normativo superior” de las directivas europeas.

Además, ha precisado que la ley actual fue puesta en marcha en 2013 por el Partido Popular “sin el apoyo del partido socialista” y que, cuando se aplica, lo hace con “garantías legales y jurídicas”.

La resolución de la Cámara Alta pide al ejecutivo garantizar la “máxima transparencia” en la adopción de la normativa de costas y convocar con “carácter urgente” una conferencia sectorial para estudiar su alcance.

El pasado 6 de mayo, las comunidades autónomas gobernadas por los populares impulsaron la iniciativa votada en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con 37 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

“Las comunidades autónomas reclaman transparencia, una gobernanza efectiva y la paralización de los deslindes basados en criterios arbitrarios”, ha dicho la senadora del Partido Popular.

Los criterios técnicos del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, según la moción impulsada por el PP, deben definirse “evitando interpretaciones expansivas basadas en episodios extremos aislados de temporales” y en sintonía con la “protección efectiva” de los espacios naturales y de las actividades tradicionales que se desarrollan en ellos.

La Ley de Costas, aprobada en 1988 y reformada en 2013, establece que el dominio público marítimo terrestre es de titularidad estatal, obliga a desarrollar medidas de adaptación al cambio climático ante la subida del nivel del mar y la erosión e incluye una franja de protección de 100 metros tierra adentro con fuertes limitaciones de uso.

Las viviendas situadas en ese espacio solo pueden mantenerse mediante concesiones de hasta 75 años, lo que elimina la propiedad privada perpetua. EFE