Exconseller ERC niega favor político del exalcalde de Altafulla en contratos investigados

Barcelona, 22 jun (EFE).- El exconseller de Interior y diputado de ERC Joan Ignasi Elena ha defendido la legalidad de sus contratos de consultoría con el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) y ha negado favores políticos del exalcalde Fèlix Alonso, de Sumar, miembro de un partido rival a quien ha dicho que ni siquiera conocía.

Elena ha declarado este lunes ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Carlos Ramos, que lo investiga por un delito de prevaricación por los contratos que su consultora firmó entre los años 2017 y 2019 con el Ayuntamiento de Altafulla, cuando lo gobernaba el diputado en el Congreso de Sumar En Comú Podem por Tarragona Fèlix Alonso.

Además de Elena, ha comparecido como imputado ante el juez Joan Herrera, exlíder de ICV y socio suyo en la consultora adjudicataria de los contratos investigados. El Supremo investiga en paralelo al exalcalde de Altafulla, aforado ante este órgano judicial.

La causa se centra la supuesta adjudicación irregular de contratos menores, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, que el TSJC sospecha que el ayuntamiento adjudicó a dedo a la consultora de Elena y Herrera por su "vinculación política estrecha" con el partido del alcalde.

En ese sentido, el exconseller de Interior ha negado que conociera a Alonso y ha desmentido cualquier relación entre ERC, el partido con el que fue conseller, y los comunes, dos espacios que, ha recordado, nunca han compartido coaliciones políticas ni ningún tipo de acuerdo.

En la etapa investigada, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC debido a discrepancias por el 'procés'

En la misma línea que el exalcalde de Altafulla, quien la semana pasada esgrimió criterios técnicos para justificar la contratación de asesores externos, Elena ha argumentado que el ayuntamiento recurrió a su consultora para llevar a cabo informes en distintas materias -desde urbanísticas a administrativas- porque el personal técnico municipal era insuficiente.

En todo caso, el exconseller ha recalcado que siempre se ha ajustado a la legalidad y que nunca ningún cargo del ayuntamiento, ni el interventor, ni el secretario ni los responsables de las finanzas, le advirtieron de irregularidad alguna en la adjudicación de los contratos menores ni en la prórroga de los mismos tras un año de servicio.

Alonso compareció como investigado ante el Supremo el pasado lunes, 15 de junio, y aseguró que las contrataciones que efectuó cuando era alcalde de Altafulla -entre 2011 y 2019- y que están bajo sospecha "respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica" y no a "consideraciones de naturaleza política o partidista". EFE

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