Valladolid, 2 jun (EFE).- Los negociadores del PP y de Vox en Castilla y León afrontan las horas decisivas para cerrar un acuerdo que ambas partes quieren cerrar este miércoles, con las conversaciones centradas ahora en establecer plazos asumibles de cumplimiento de las medidas incluidas y la estructura definitiva del gobierno de coalición, con Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente.
Fuentes conocedoras de la marcha de las negociaciones han explicado a EFE que las conversaciones han seguido este martes, tras haberlas encauzado definitivamente al final de la pasada semana y con la vista puesta en que la sesión de investidura pueda desarrollarse la próxima semana, con la fecha inicial prevista del 10 de junio, aunque sin estar aún cerrada al completo.
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Con la idea de que el jueves la Mesa de las Cortes pudiera convocar esa sesión de investidura la próxima semana, ambos partidos han fijado el miércoles como la jornada clave, aunque en caso de dilatarse aún más, esa programación podría variar, al tener margen temporal para convocar el pleno miércoles o jueves de la próxima semana.
En las últimas semanas, a través de su portavoz en las Cortes, Carlos Pollán, Vox ha dado por hecho que el concepto de 'prioridad nacional' para el acceso a determinadas ayudas públicas estará incluido en el acuerdo que firmen con el PP, como ya hicieron en los acuerdos de Extremadura y Aragón.
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Está por ver si en el caso de Castilla y León PP y Vox optan por la fórmula elegida en Extremadura, que vincula el acceso a determinadas ayudas con el empadronamiento en esa misma autonomía, o si eligen la fórmula de Aragón, más abierta al extender a toda España ese requisito del empadronamiento.
Este detalle es importante para determinar cuántas personas se verían afectadas por esas limitaciones, ya que en caso de las ayudas para acceder a una vivienda puede implicar que emigrantes de Castilla y León que se encuentren en otras autonomías y se planteen regresar se vean penalizados por no haber estado empadronados en los últimos años en esta Comunidad, sino en otra española.
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Otro de los asuntos que PP y Vox debían aclarar en Castilla y León es la acogida de menores extranjeros no acompañados, uno de los temas que más enfrentó a Mañueco y los portavoces de Vox tras romper el gobierno de coalición en julio de 2024, junto con otros asuntos como las relaciones con los sindicatos.
También está pendiente de conocer cómo afrontan la posible derogación del Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, que ya pactaron en la anterior legislatura con la elaboración de una proposición de ley de concordia, de la que finalmente el PP se desmarcó tras la ruptura de la coalición. EFE
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