Entidades alertan de que el Reglamento de Retorno de la UE prevé la detención de menores migrantes

Las entidades Irídia, Novact, Algorace y la Oficina Europea de Amnistía Internacional han alertado este jueves en Barcelona de que el Reglamento de Retorno de la UE amplía el uso de la detención migratoria, prevé ampliar los plazos hasta los 2 años, incluyendo la posible detención de menores, e introduce medidas "desproporcionadas, punitivas y coercitivas" para intensificar las deportaciones.

En marzo, el Parlamento Europeo aprobó su posición negociadora, pero será el 1 de junio cuando, junto al Consejo de la UE y la Comisión Europea, negocie el redactado final de esta ley.

En una rueda de prensa en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Olivia Sundberg, de Amnistía Internacional, ha señalado que la nueva norma permitirá la creación de centros para inmigrantes en países fuera de la UE, como el acuerdo de Reino Unido para la expulsión de migrantes irregulares --independientemente de su origen-- a Ruanda, o como sucede con las deportaciones actuales de Estados Unidos.

Sundberg ha expresado que este hecho les preocupa "enormemente" porque eleva el riesgo de tortura, desaparición forzosa y tratos inhumanos y degradantes hacia las personas migrantes y se trata del último ejemplo de una creciente tendencia hacia políticas migratorias cada vez más restrictivas, que excluyan a las personas migrantes y racializadas, y que se alejan cada vez más de las normas y obligaciones jurídicas internacionales.

EL PEMA

La referente de políticas migratorias y frontera de Irídia, Maite Daniela Lo Coco, ha alertado de que el 1 de junio también empezará a aplicarse el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que supondrá un retroceso en derechos humanos y un aumento de detenciones, deportaciones y mecanismos de vigilancia sobre las personas migrantes.

En este sentido, ha criticado la falta de transparencia en cuanto a la implementación de un pacto que considera que "supondrá un recorte de derechos y garantías" para las personas migrantes, especialmente por el aumento de una pefilación racial y por la recopilación de datos biométricos e imágenes faciales en la frontera.

Lo Coco ha señalado que no hace falta que las medidas anunciadas lleguen a materializarse para producir un daño, dado que "la incertidumbre, la amenaza sostenida y la forma en la que las nuevas medidas se comunican tienen ya un efecto en la vida cotidiana de las personas", ya sean adultas o menores.

MONITOREO

Clara Calderó, de Novact, ha criticado que el PEMA no aborde la creación de vías legales y seguras de entrada y que se centre casi en exclusiva en las llegadas por vías irregulares, que representan "una parte muy específica y minoritaria de la movilidad humana".

Este hecho, ha dicho, tiene un componente claramente simbólico, "que refuerza una visión securitaria de la migración", presentándola como una amenaza en el imaginario social a través del discurso de la ilegalidad y de la criminalización.

También ha criticado la falta de transparencia del Gobierno español en los planes de implementación del PEMA y ha solicitado mecanismos independientes de monitoreo de los derechos humanos en la frontera, que garanticen la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que tengan capacidad real de rendir cuentas y que cuenten con los recursos suficientes para ello.

PERFILACIÓN RACIAL

Por último, el coordinador de Algorace, Youssef M. Ouled, ha asegurado que en el Estado español se siguen produciendo detenciones e intentos de expulsión forzosa de personas migrantes que o bien han iniciado el proceso de regularización o cumplen las condiciones para ello, pero continúan sufriendo una perfilación racial, una práctica que "convierte en sospechoso cualquier persona que no es blanca por el simple hecho de no serlo".

Ha recordado que "emigrar no es un delito", sino una falta administrativa, pero que estas personas a menudo son conducidas a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para su posterior deportación mediante vuelos cuyos protocolos son opacos y sobre los que hay muy poca información.

Además, ha alertado de que la perfilación racial genera una enorme cantidad de datos que son empleados para desarrollar sistemas de IA y algorítmicos que acaban recomendando "vigilar y enviar recursos policiales a barrios con mayor presencia de personas no blancas" atendiendo a criterios de hipervigilancia motivada por la apreciación racial y no por la criminalidad.