La alcaldesa de Velilla (Madrid) defiende su inocencia en el juicio por presunta prevaricación urbanística

La alcaldesa de Velilla de San Antonio (Madrid), Antonia Alcázar, ha defendido este miércoles su inocencia en relación al juicio que ha arrancado en la Audiencia Provincial de Madrid por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental relacionado con el restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio.

Según la Fiscalía, entre 2019 y 2025 el Ayuntamiento de Velilla habría omitido actuaciones frente a numerosas denuncias vecinales por ruidos y molestias derivados de bodas y eventos celebrados en el local. La acusación sostiene que, pese a las reiteradas quejas y a intervenciones de la Policía Local, solo se abrieron cuatro expedientes sancionadores, todos paralizados sin resolución definitiva.

Se da la circunstancia que la alcaldesa es hermana de Gertrudis Alcázar, secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero ya en su etapa en la Moncloa y militante del PSOE de Madrid. El nombre de Gertrudis ha cobrado relevancia después de que la Audiencia Nacional la situara como una supuesta pieza operativa esencial en la investigación del denominado caso Plus Ultra, relacionado con el rescate público de la aerolínea y la presunta trama de tráfico de influencias que investiga el juez José Luis Calama. .

A su llegada a la sede judicial, la regidora de Velilla ha mostrado su tranquilidad ante su inocencia. Este jueves será interrogada junto al resto de los acusados en la causa.

En el banquillo se sientan la actual alcaldesa; un técnico de urbanismo; el edil responsable de Medio Ambiente; y el titular del área de Urbanismo. La fiscal solicita para cada uno de los acusados tres años de prisión, multa de veinte meses con cuota diaria de 15 euros e inhabilitación especial durante doce años para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales.

Durante la sesión han declarado un técnico municipal, el propietario de la finca, trabajadores y agentes de la Policía Local, entre otros testigos. El juicio continuará mañana con las declaraciones de los acusados y el viernes quedará visto para sentencia con la exposición de los informes finales.

El técnico del Ayuntamiento encargado del control de actividad aseguró que las instalaciones "se correspondían con la documentación presentada" y explicó que las labores de inspección se realizaban una vez ejecutadas las obras y dentro del seguimiento ordinario de la actividad. Indicó además que el establecimiento disponía de licencia y que realizó dos visitas de control en 2025 a raíz de las quejas vecinales.

Por su parte, el propietario del restaurante explicó que la explotación del negocio correspondía a una empresa y recordó que la licencia inicial databa de 2004. Según relató, las primeras denuncias por ruido llegaron en 2022 por supuestos excesos acústicos y horarios.

El empresario señaló que se propuso una reunión entre vecinos y Ayuntamiento para tratar de alcanzar una solución, aunque aseguró que los residentes rechazaron participar. También afirmó que las licencias estaban expuestas en la puerta del local y que se había solicitado un cambio para ampliar horarios.

"Cuando nos llegaron las denuncias se tomaron medidas, pero muchas no nos llegaban y no teníamos conocimiento", sostuvo durante su declaración.

RUIDOS Y PETARDOS

Los vecinos denunciaron episodios continuados de ruido, música y lanzamiento de petardos hasta las 5.30 de la madrugada. En este contexto, se recordó que la alcaldesa llegó a plantear una reunión con los afectados y que desde 2023 se realizaron obras de insonorización en el recinto.

Asimismo, durante la vista se mencionó un pleno municipal celebrado en noviembre de 2023 en el que se expusieron públicamente las denuncias vecinales relacionadas con la actividad del establecimiento.

También declaró un trabajador de la finca, quien reconoció que desde 2023 tenía constancia de las quejas vecinales, así como de las visitas de la Policía Local y de las actas levantadas por ruidos. No obstante, defendió que "la actividad sigue siendo la misma" y aseguró que no se podían realizar actividades en el exterior.

El empleado explicó que se han ejecutado obras para reducir el ruido y que desde hace años se adoptaban medidas para minimizar molestias, como introducir a los clientes en el interior y cerrar puertas. Según indicó, esas actuaciones ya se aplicaban desde su llegada al complejo en 2017.

Además, negó que en el recinto se utilizaran petardos o tracas, al afirmar que este tipo de prácticas estaban prohibidas. También relató que en enero de 2026 recibió instrucciones de su responsable para que no se utilizara el jardín.

Asimismo, ha comparecido un agente de la Policía local que ha constatado que se levantaron varias actas a raíz de las denuncias de los vecinos de la zona.

La Fiscalía mantiene su petición de tres años de prisión para cada uno de los acusados, así como doce años de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y medioambientales.