Condenan a prisión a un policía nacional que simuló el robo de su moto para cobrar una indemnización

La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de dos años y un mes de prisión a un agente de la Policía Nacional que simuló el robo de su motocicleta y cobró más de 13.200 euros de indemnización del seguro.

La sentencia, fruto de un acuerdo entre las partes en el que el condenado ha reconocido los hechos y se ha mostrado conforme con las penas, le declara autor de un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad documental cometido por funcionario público con la atenuante muy cualificada de reparación del daño y otro delito de falsedad en documento oficial cometido por particular.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal le ha impuesto el pago de dos multas y una inhabilitación especial para empleo o cargo público de 13 meses.

Los hechos comenzaron el 15 de enero de 2024, cuando el ahora condenado, agente de la Brigada de la Policía Judicial de la comisaría de Torrent, elaboró una denuncia en la que relataba el robo de su motocicleta en la que figuraba como instructor de la misma y también como denunciante.

El funcionario no incorporó esa la denuncia a las aplicaciones informáticas policiales y remitió una copia de ella a la empresa aseguradora, que el 18 de marzo del mismo año le abonó más de 13.000 euros como indemnización, pese a que el agente sabía que el robo no se había producido y que el vehículo seguía en su poder.

El 21 de marzo de 2024, el superior del policía le dijo que elaborara el atestado del asunto y lo incorporara a las aplicaciones policiales y a las bases de datos para que siguiera la tramitación del robo.

En ese momento, el penado se llevó la motocicleta, que había seguido usando tras la elaboración de la denuncia, a una finca propiedad de un amigo suyo, donde quedó oculta hasta el mes de julio, cuando fue intervenida por otros agentes de la Policía Nacional.

Con anterioridad a la celebración del juicio oral, el condenado devolvió a la aseguradora el dinero que le había pagado por el robo y los gastos que le ha ocasionado este procedimiento penal.

La sentencia, que es firme, acuerda la suspensión de las penas de prisión impuestas al policía por un plazo de dos años con la condición de no delinquir durante ese periodo.