Santiago de Compostela, 23 may (EFE).- El Consello Galego de Colexios Médicos, que integra las cuatro organizaciones provinciales de Galicia, ha instado este sábado a la Xunta a dejar de vincular la retribución de los facultativos de la sanidad pública gallega con la duración de los procesos de incapacidad temporal de los pacientes.
En un comunicado, esta organización se muestra contraria a la introducción en los acuerdos de gestión para cada área sanitaria de este año 2026 de un indicador que liga una parte del complemento de productividad variable que perciben los médicos gallegos a que las bajas que supervisan no se prolonguen más allá del tiempo de referencia estimado para cada proceso por la Seguridad Social.
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"Ante las críticas y el rechazo generalizado que ha obtenido la propuesta del Sergas por parte de pacientes y profesionales, consideramos que lo más adecuado es que las autoridades sanitarias retiren ese punto de los objetivos anuales", recoge el escrito.
Esta medida se enmarca en los intentos del Gobierno gallego por reducir la duración media de los procesos de incapacidad temporal en la comunidad, que son, de media, los segundos más prolongados del Estado, solo por detrás de Extremadura.
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Sin embargo, Galicia es también la segunda comunidad con menor incidencia en cuanto a número de bajas, de acuerdo con los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El Consello Galego de Colexios Médicos considera "razonable" que las administraciones quieran "mejorar la eficiencia del sistema, reducir demoras innecesarias y evitar situaciones de cronificación o fraude", pero advierte de que esta una "responsabilidad compartida" de los profesionales sanitarios, las instituciones, las empresas y la sociedad.
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Así, señala que vincular el control de las bajas con incentivos económicos "genera importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos que deben ser analizados con prudencia"; puesto que causa "presión" por reducir la duración de estos procesos sin una valoración adecuada de la situación clínica de cada paciente.
Además de estos efectos indirectos sobre los facultativos, desde la organización creen que puede llevar a un "deterioro" de la relación entre médicos y pacientes y a un conflicto ético y deontológico al confrontar el interés administrativo con el criterio sanitario.
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Por último, subrayan que penaliza a aquellos profesionales que, por causa de un cupo de pacientes más envejecido, vulnerable o de mayor morbilidad, registre peores tasas en este apartado y advierten de que lleva a simplificar procesos complejos no medibles únicamente por su duración.
Esta decisión ya había provocado previamente las críticas de otras organizaciones, como la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, agrupaciones de pacientes o partidos de la oposición. EFE
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