Sanidad y comunidades aprueban el reparto de 39 millones para salud mental

Madrid, 22 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad y las comunidades han aprobado este viernes el reparto de 39 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental para financiar actuaciones que humanicen más esta atención y de otros 17,83 millones para la prevención del suicidio durante este año.

Según el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las comunidades y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) deberán presentar memorias técnicas y económicas de los proyectos para acceder a la financiación del plan de salud mental, incorporando de manera obligatoria criterios relacionados con la orientación comunitaria, la garantía de derechos humanos y la equidad.

En este sentido, la orientación comunitaria se define como un enfoque que sitúa a la persona en su entorno social, familiar y comunitario, teniendo en cuenta factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos. Los proyectos podrán desarrollarse mediante intervenciones individuales y familiares, actuaciones grupales o iniciativas coordinadas con recursos y agentes comunitarios.

Así, entre las actuaciones que podrán financiarse se incluyen el fortalecimiento de centros de día, equipos móviles de atención comunitaria, programas de hospitalización domiciliaria y proyectos de intervención en barrios y entornos comunitarios, pero no se sufragarán iniciativas centradas exclusivamente en el aumento de camas o en reformas estructurales de hospitales de media y larga estancia, especifica en una nota el Ministerio de Sanidad.

Respecto a los derechos humanos, los proyectos deberán garantizar la dignidad, la autonomía personal y el consentimiento informado de las personas usuarias, en línea con estándares internacionales como el instrumento QualityRights de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También se contemplan actuaciones dirigidas a la reducción de contenciones mecánicas, el desarrollo de modelos de "puertas abiertas" en dispositivos de hospitalización y la incorporación de mecanismos de evaluación participativa por parte de las personas usuarias y sus familias.

Por el contrario, no se beneficiarán actuaciones que promuevan prácticas coercitivas o restrictivas de derechos.

El acuerdo establece además la equidad como criterio obligatorio para la aprobación de proyectos, de modo que las actuaciones deberán orientarse a la reducción de desigualdades sociales en salud mental y priorizar colectivos en situación de vulnerabilidad, como personas en situación de sinhogarismo, menores en el sistema de protección y mujeres víctimas de violencia de género.

Por otra parte, y en el ámbito de la prevención del suicidio, los proyectos tienen que recoger medidas dirigidas a poblaciones de alto riesgo y mecanismos de evaluación que permitan analizar los resultados desde una perspectiva de equidad.

Además de los criterios obligatorios, el acuerdo incorpora criterios de excelencia para la identificación de buenas prácticas dentro del SNS. EFE