Zaragoza, 18 may.- El Juzgado de lo Social número 8 de Zaragoza ha condenado al Servicio Aragonés de Salud a reintegrar 6.190 euros a un joven trans que se sometió a una mastectomía masculinizante en una clínica privada después de que la sanidad pública aragonesa se la denegara al ser menor de edad.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, está fechada el 27 de abril de 2026 y estima la demanda presentada por la madre del menor.
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En ella, se obliga a la administración autonómica a devolver el importe de la operación, realizada en diciembre de 2023 en un centro privado.
Según recoge la sentencia, el joven, nacido en 2007, había modificado su nombre en el Registro Civil conforme a su identidad de género y disponía desde 2021 de tarjeta sanitaria con su nombre actual.
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Además, estaba en seguimiento por salud mental desde 2022 y había sido derivado a cirugía para valorar una mastectomía bilateral.
El menor acudió en octubre de 2023 al Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, donde se le explicó que esta intervención no estaba prevista, ni tenía protocolo para menores de 18 años, ni la operación tenía supuesto de urgencia vital como para ser derivada fuera del sistema público, y fue incluido inicialmente en lista de espera.
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Entonces el joven acudió a la sanidad privada y se sometió a la intervención el 14 de diciembre de 2023, con un coste de 6.190 euros.
En febrero de 2025 solicitó el reintegro de la cantidad, pero el Gobierno de Aragón lo denegó al considerar que había acudido voluntariamente a la medicina privada y que no concurría una situación de urgencia vital.
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El juez rechaza este criterio y concluye que la normativa aragonesa sobre identidad y expresión de género no establece una diferencia entre mayores y menores de edad para acceder al sistema público de salud en intervenciones vinculadas a la disforia de género.
Por tanto, el juez establece que "no había amparo legal" para denegar la mastectomía y más cuando el joven ya estaba en lista de espera antes de cumplir 18, de lo que se deduce que médicamente ya se cumplían los requisitos para la práctica de la intervención.
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La sentencia apunta que la operación, de acuerdo con los informes psiquiátricos más recientes del joven, "no ha supuesto otra cosa que beneficios, evitando el perjuicio para su desarrollo personal que pudiera haber sufrido de esperar a los 18 años".
La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. EFE
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