Madrid, 7 may (EFE).- Expertos del ámbito jurídico, tecnológico y académico han fijado en una declaración un decálogo de deberes y responsabilidades digitales que tiene que asumir cada uno de los actores principales (plataformas, administraciones y empresas) del 'ecosistema' tecnológico español.
Lo han hecho en la 'Declaración de Deberes y Responsabilidades de España', que ha sido promovida por la Fundación Hermes -que impulsa la promoción y defensa de los derechos de las personas en el entorno digital- en el marco del Observatorio de Derechos Digitales, que reúne a entidades públicas, universidades, organizaciones sociales, fundaciones y empresas-, con el apoyo de la entidad pública Red.es.
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La 'declaración' que se ha dado hoy a conocer concreta por primera vez en España qué actores deben responder en el entorno digital y también con qué nivel de responsabilidad, y según sus promotores complementa la 'Carta de Derechos Digitales' que impulsó el Gobierno en 2021 para fijar qué derechos deben protegerse en el entorno digital.
En la elaboración de la declaración han participado más de treinta expertos de diversos ámbitos, entre ellos -como coordinador- Carlos López Blanco, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y presidente de la Fundación ESYS (Empresa, Seguridad y Sociedad Digital); la catedrática de Derecho Civil Margarita Castilla; o el catedrático de Derecho Administrativo José Luis Piñar.
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El documento plantea una jerarquía de obligaciones basada en la capacidad de influencia de cada 'actor' involucrado en el entorno digital, y que las grandes plataformas y los poderes públicos asuman una carga mayor de responsabilidad frente a los ciudadanos o las pequeñas empresas, y fija las prioridades en la transparencia de la inteligencia artificial, la protección de los menores y la seguridad en el tratamiento de los datos personales.
Las mayores exigencias deben recaer sobre quienes tienen más capacidad de condicionar el ejercicio de derechos, en especial las grandes plataformas y prestadores de servicios digitales, señala la declaración, que incorpora además referencias a cuestiones e inquietudes emergentes como los neuroderechos y la necesidad de que los menores tengan una protección reforzada.
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Los expertos han incluido un 'decálogo de compromisos', en el que inciden en que el mayor poder e influencia de las plataformas y grandes prestadores se debe traducir en responsabilidades más exigentes, en que las administraciones deben asegurar conectividad asequible y sin brechas, en que se deben asegurar servicios públicos digitales que sean accesibles y alternativas para garantizar el acceso efectivo, y en que se deben proteger y minimizar los datos personales.
El decálogo señala también la importancia de reforzar la ciberseguridad, de evitar sesgos y discriminaciones en decisiones automatizadas, de garantizar la intervención humana cuando haya efectos relevantes, y de permitir la libertad de expresión "con moderación responsable y transparente".
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“Hemos querido responder a una pregunta que hasta ahora seguía sin resolverse: quién responde cuando en el entorno digital se vulneran derechos. Sin una atribución clara de responsabilidades, los derechos corren el riesgo de quedarse en una formulación declarativa”, ha señalado Carlos López Blanco, coordinador y autor principal del documento.
“Durante años hemos hablado de derechos digitales sin resolver quién responde cuando esos derechos se vulneran. Esta Declaración llena ese vacío y propone un criterio claro, a mayor capacidad de control, mayor responsabilidad”, ha asegurado la subdirectora general de la Fundación Hermes, Beatriz Escriña.
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El Observatorio de Derechos Digitales fue impulsado por la entidad Red.es -adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y del mismo forman parte numerosas fundaciones (Hermes, La Caixa o Telefónica); varias universidades públicas y privadas; o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). EFE
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