Una misión de la Eurocámara dice que la polarización en España pone en riesgo la confianza pública en las instituciones

Una delegación del Parlamento Europeo de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha concluido este miércoles que la creciente polarización política y las tensiones en torno a la gobernanza judicial en España amenazan con erosionar la confianza pública en las instituciones.

Así se recoge en las conclusiones de un informe, realizado después de que cinco eurodiputados viajaran a España a mitad de febrero para analizar la legislación anticorrupción del país, y en el que no obstante se señala que el Estado de derecho en España funciona dentro de parámetros "estructuralmente sólidos".

Eso sí, han señalado que el país "está marcado por tensiones institucionales recurrentes y polarización política" que se refleja en las dinámicas institucionales y las prácticas legislativas, pudiendo afectar al equilibrio entre instituciones y de erosionar la percepción de imparcialidad del sistema.

En materia de independencia judicial, el informe señala la gobernanza del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el "principal punto de divergencia". Los eurodiputados recuerdan que los estándares europeos recomiendan que "al menos la mitad" de sus miembros sean elegidos por los propios jueces.

El sistema actual en España --por el que todos los miembros del CGPJ son elegidos por el Congreso-- sigue en opinión de la delegación "generando debate institucional y preocupaciones de reputación en cuanto a la posible influencia política sobre la gobernanza judicial".

La misión también ha abordado el papel del Tribunal Constitucional y su posición "en un entorno altamente polarizado". Aunque la delegación no ha encontrado indicios de disfunción formal, ha señalado que la intensidad de la contestación política en torno a las decisiones institucionales "puede afectar a las percepciones de neutralidad".

En materia de anticorrupción, la delegación ha valorado la reforma anticorrupción del Gobierno señalando que "persisten interrogantes" sobre los recursos y la autonomía de los órganos como la Fiscalía, así como sobre "el clima político más amplio" en el que tienen lugar las investigaciones por corrupción.

La delegación también ha tomado nota de los hallazgos recientes del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que ha reiterado su llamamiento a favor de "salvaguardias más sólidas" en materia de transparencia de los contactos con grupos de presión, regulación de los conflictos de intereses y mecanismos de responsabilidad más robustos para los altos cargos públicos.

Señala además que los indicadores de percepción de la corrupción en España "han retrocedido en los últimos años", alcanzando su nivel más bajo desde 2012 según Transparencia Internacional, una tendencia que refleja "una creciente preocupación pública por la integridad y la rendición de cuentas en la vida pública".

USO REITERADO DECRETOS LEY E INDEPENDENCIA DE RTVE

El informe también subraya el uso reiterado de los reales decretos-ley por parte del Gobierno --más de 120 desde 2018, el mayor número registrado en períodos democráticos comparables--, "corre el riesgo de limitar la deliberación y debilitar los mecanismos consultivos, incluido el papel asesor de los órganos judiciales".

"Varios interlocutores subrayaron que la dependencia sistemática de este instrumento corre el riesgo de debilitar la deliberación parlamentaria y reducir el papel de los controles institucionales y los órganos consultivos", se lee en el informe.

Sobre el Congreso y el Senado, la misión ha destacado que "el bloqueo o retraso de iniciativas aprobadas" por la Cámara Alta, "corren el riesgo de menoscabar el papel constitucional" de la cámara de representación territorial.

"La delegación considera que garantizar procesos legislativos transparentes, una consulta significativa y una relación equilibrada entre el gobierno, el parlamento y los órganos de control constitucional seguirá siendo clave para reforzar la resiliencia del sistema español de controles y contrapesos", indican.

En materia de libertad de prensa, la delegación ha tomado nota de las referencias a iniciativas legislativas pendientes sobre el secreto profesional y la protección de las fuentes de los periodistas, tal como se señala en el informe sobre el Estado de derecho.

Aunque has constatado un impacto derivado de la polarización el discurso público contra los medios, incluido preocupaciones sobre la gobernanza independiente del RTVE, el aumento de las amenazas y el acoso contra los periodistas, o los obstáculos para acceder a la información oficial.

La delegación también toma nota de que un informe interno del Consejo de Informativos de RTVE que "identificó vulneraciones reiteradas de los estándares editoriales en determinados programas, incluido el uso de formatos de revistas de actualidad que incorporan comentarios políticos y mensajes institucionales".

En el ámbito de la igualdad y la no discriminación, incluidos los derechos del colectivo LGBTIQ+ y de las mujeres, la delegación no identificó "alegaciones de retroceso legislativo ni de incumplimiento de los estándares de la UE".

Los cinco miembros de la Eurocámara responsables del informe son el presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, del PP; el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé; la eurodiputada holandesa de Renew (liberales) Raquel García Hermida-van der Walle; Alessandro Zan, del Grupo de Socialistas y Demócratas, y la belga Assita Kanko, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

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