Citas por 30 euros y nervios por no llegar a tiempo en las colas por la regularización

Laura López

Madrid, 27 abr (EFE).- Las colas a las puertas de los consulados, ONG y ayuntamientos para conseguir la documentación necesaria para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes continúan este lunes, con personas que se ven empujadas a pagar por citas en el mercado negro y que temen no llegar a tiempo antes del 30 de junio.

Ese día terminará el periodo para solicitar la medida y los migrantes interesados en ella están encontrando muchas dificultades para recabar en menos de tres meses todos los documentos necesarios, como el informe de vulnerabilidad o el certificado de antecedes penales.

En Barcelona, los puntos habilitados por el consistorio para expedir estos documentos han vuelto a registrar largas colas, con personas que incluso duermen en la calle para reservar su sitio en la cola o acuden de madrugada para poder ser atendidos.

Mientras, el Gobierno sigue lanzando mensajes de tranquilidad y recuerda que hay más de 300 entidades sociales acreditadas para expedir el informe de vulnerabilidad más allá de los ayuntamientos, que se pueden consultar en el listado disponible en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Desde que se abrió el plazo, el pasado 16 de abril, ya se han formalizado más de 130.000 solicitudes -por vía presencial y telemática- y se han asignado otras 55.000 citas para realizar las peticiones en persona hasta el próximo 30 de abril.

Uno de los lugares donde cada día se forman grandes colas desde hace semanas es en la puerta del Consulado de Perú en Madrid, ubicado en el Paseo del Pintor Rosales.

"No hay citas para los antecedentes penales y tenemos que pagar cupos aquí en la esquina que están a 30 euros", relata a EFE una de las personas que integran la fila este lunes, la peruana Cerely Arbeláez, de 39 años.

La compra-venta ilegal de citas es una forma habitual de acceder a algunos trámites en materia de extranjería que de otra forma resulta casi imposibles y también está ocurriendo con la regularización, aunque desde el Gobierno han advertido sobre estas prácticas y recuerdan que para hacer los trámites no hay que pagar ni un euro.

En el caso de Arbeláez, el papel de los antecedentes penales es el que le ha dado más dolores de cabeza, ya que para ella ha sido relativamente fácil conseguir el resto, como el informe de vulnerabilidad o su padrón: "Tenemos problemas con el consulado peruano que debería apoyarnos como compatriotas", lamenta.

Para esta mujer migrante, que lleva ya cinco años en España y uno en situación irregular después de ver rechazada su solicitud de asilo, esta regularización es una "alegría" y la oportunidad de poder trabajar en el país "con derechos".

Porque hacerlo en B es una cosa bien distinta, como ella bien sabe. Trabajó en la cocina de un restaurante 12 horas al día, con un solo día libre a la semana, sin vacaciones ni festivos y, cuando tuvo un accidente al quemarse con el aceite, la despidieron: "Te explotan", resume en dos palabras.

La joven Thays Marina Custodio, de 22 años, que llegó a España hace menos de seis meses -justo a tiempo para beneficiarse de esta medida, que requiere cinco meses de estancia continuada en España-, cree que no se han medido las dificultades que iba a enfrentar el gran volumen de personas interesadas en esta regularización.

Empezando por el certificado de antecedes penales, pero también el informe de vulnerabilidad u otros documentos alternativos como una oferta o precontrato de trabajo por parte de las empresas, las cuales ponen "mil excusas" y "trabas".

Custodio sale del consulado tras recoger su certificado de antecedentes penales después de dos horas de espera y un largo camino desde el pueblo en el que vive, Alcaudete de la Jara (Toledo).

"He llegado con las justas a recogerlo y ahora tengo que ir a que me lo apostillen y la cita nada más es hasta las dos de la tarde... O sea, no hay manera de llegar", lamenta esta joven cuando pasan cuatro minutos de las 14 horas.

Por otro lado, está a la espera de conseguir el dichoso informe de vulnerabilidad pero ni en el Ayuntamiento ni en otras instituciones habilitadas como Comisiones Obreras (CCOO) le han dado un solución: "En general, es todo un caos", se queja.

"Llevo ya más de dos semanas intentándolo y ya estamos en mayo", señala esta joven, que teme quedarse fuera del proceso a pesar de que aún quedan dos meses para hacer la solicitud y pide que extiendan el plazo, dadas las dificultades que están enfrentando los interesados, para no quedarse "en el aire". EFE