Armador de un buque con 3.000 kilos de cocaína niega relación y dice que no era dueño del barco ni controló la travesía

El principal acusado por el cargamento de casi 3.000 kilos de cocaína en el buque Simione, y armador del barco, Pablo G.C., se ha desvinculado este jueves de ese transporte de droga, matizando que él no era propietario de la nave, y que únicamente intervino para gestionar la documentación de los tripulantes desde Angola a Senegal, sin ser responsable de la etapa posterior de la travesía (desde Dakar a un astillero de Portugal), donde se produjo la operación de carga de la cocaína.

En su declaración ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Pablo G.F., que está en prisión provisional por su presunta implicación en la construccion de un 'narcotúnel' en Ceuta (y con una causa pendiente de juicio por prostitución lucrativa), ha afirmado que se hizo cargo de las gestiones para asumir la explotación del barco Simione, en el marco de su profesión como armador.

Según su relato, su función fue la de gestionar, entre noviembre y diciembre de 2022, los suministros y la documentación de la tripulación para facilitar la travesía del barco desde Luanda (Angola), con siete angoleños y un español a bordo (el acusado José Antonio C.R.) hasta un astillero de Viana do Castelo (Portugal), donde el Simione iba a ser objeto de una reforma integral. Sin embargo, hubo problemas burocráticos y de suministro de combustible y el barco tuvo que hacer escala en Dakar (Senegal) para cambiar de tripulación, momento en que se embarcó otro de los acusados, José Javier F.V.

Desde ese momento, ha recalcado ante el tribunal, el resto de la travesía no fue su responsabilidad, sino de un tercero, un operador marítimo de Mauritania que se hizo cargo del buque. Precisamente, en ese tramo de navegación, el Simione se desvió por Cabo Verde para cargar la cocaína. El 18 de diciembre de 2022, el barco fue abordado por la Guardia Civil.

En su declaración ha negado que hubiera facilitado las coordenadas a los tripulantes españoles del punto donde se iba a producir el alijo, sino que dio indicaciones para llegar de Luanda a Dakar, y también ha rechazado la acusación de haberse concertado con los demás implicados para hacer ese transporte.

En la jornada de este jueves también ha declarado un jefe de máquinas del barco, el angoleño Mabakala P., que ha señalado que desconocía el fin ilícito de la travesía y que le habían asegurado que, de camino a Viana do Castelo, recogerían unas piezas de barco robadas, no cocaína. Según su relato, solo se enteró de lo que sucedía cuando descubrió en la bodega los fardos de la droga, y ha explicado que hizo fotos y vídeos con su teléfono, pero que le fue imposible contactar con su familia, su jefe o las autoridades para denunciarlo.

CONCLUSIONES E INFORMES FINALES

En sus conclusiones, y aplicando la atenuante de confesión tardía, el Fiscal ha rebajado la petición de penas para el acusado José Javier F.V., que reconoció su participación en los hechos durante el juicio, y ha pasado de pedir para él 11 años y medio de cárcel a pedir 7 años y 3 meses, y el pago de dos multas de 110 millones de euros.

Igualmente, ha rebajado la petición de pena (de 8 años y medio a 6 años y un día de cárcel) para Argentino R.E., igualmente por reconocer los hechos que le atribuyen. En el caso de este procesado, se le acusa de tráfico de drogas tras la incautación, en su domicilio de Ponte Caldelas, de un kilo de cocaína, un kilo de heroína, hachís, basculas de precisión y dinero en efectivo.

Con respecto al resto de procesados, el Ministerio Público mantiene su petición de 13 años de prisión para Pablo G.F; 11 años y 9 meses para José Antonio C.R., capitán del barco; y 11 años y medio de prisión para Mabakala P.

Para el Fiscal, Pablo fue el encargado de organizar ese narcotransporte, para lo que se concertó con el resto de acusados, y así lo evidencian las conversaciones intervenidas y los mensajes intercambiados. Así, a pesar de que trate de "responsabilizar a un tercero", él era el cabecilla y actuó en "connivencia" con los tripulantes, ha trasladado el representante del ministerio público.

DEFENSAS

Mientras, la defensa del tripulante angoleño ha mantenido que su patrocinado debe ser absuelto porque la única prueba en su contra es que "estaba a bordo, pero eso no significa que supiera lo que se iba a hacer". Además, ha recordado, Mabakala ya trabajaba en el Simione con un anterior armador, por tanto, tenía sentido que lo hubieran contratado para hacer esa travesía.

Por su parte, el letrado de Pablo G.F., que ha solicitado la nulidad de las actuaciones por supuestas irregularidades en la citación de testigos y en la tramitación de una comisión rogatoria a Ghana, ha pedido la absolución de este acusado y ha apuntado a una "tercera persona", el gestor naval que se hizo cargo del barco en Dakar. Una persona que está "desaparecida" y a quien la Policía "no buscó", y que figura en un contrato firmado por Pablo "que la Fiscalía no quiso tener en cuenta".

Para este abogado, esa tercera persona es "el único responsable" del alijo de cocaína y Pablo simplemente era "un armador de aquella manera". "No hay ni una sola prueba contra él, ni una sola vinculación", ha insistido, antes de recalcar que todos los indicios son "endebles".

El abogado de José Antonio C.R., ha reclamado que se aplique a su patrocinado también la atenuante de confesión tardía, puesto que ha reconocido los hechos en el juicio, igual que ya hizo en declaraciones policiales y en la fase de instrucción. Precisamente, este procesado fue el que, en el juicio, se desdijo de su testimonio inicial, cuando había apuntado a Pablo G.F. como la persona que le había contratado para recoger la droga y que le había dado las coordenadas del punto de alijo.

En el plenario, el capitán del Simione matizó que, en realidad, había un tercer hombre responsable de la operación, pero del que no quiso dar datos por "miedo" a comprometer su seguridad y la de su familia.