Madrid, 22 abr (EFE).- El Ministerio para la Transformación Digital ha sacado este miércoles a audiencia pública el proyecto de real decreto que aprueba el reglamento del servicio universal de telecomunicaciones, que propone elevar la velocidad de la conexión fija a internet de ese servicio de 10 a 100 megabites por segundo (Mbps).
Con esta medida, señala el ministerio en una nota, España se convertiría en el primer país europeo en ofrecer esta velocidad dentro del servicio universal, entendido como un servicio que puede solicitar "cualquier persona con independencia de su localización geográfica", y que incluye telefonía fija y el acceso fijo a internet.
Además, estos servicios deben prestarse "con una calidad determinada y a unos precios asequibles", según el real decreto, cuyo nuevo régimen está previsto que se aplique a partir del 1 de enero de 2027.
El departamento que dirige Óscar López explica que alcanzar la citada velocidad de 100 megabites, que multiplica por diez la actual, es factible en España gracias al nivel de cobertura existente de redes de fibra óptica, redes móviles de tecnología 5G y a la evolución de las prestaciones mediante redes satelitales, que cubren todo el territorio.
La extensa red de telecomunicaciones de que dispone España también facilita que no haya un único operador designado para proporcionar el servicio universal, que actualmente es Telefónica, sino que todos ellos tengan la obligación de ofrecerlo dentro de su ámbito de cobertura y con las características que se establezcan en el real decreto.
En materia de accesibilidad, todos los operadores deberán tener una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad.
Asimismo, los operadores y las plataformas 112 deberán tener, antes de junio de 2027, la funcionalidad de texto en tiempo real (RTT), que facilita una comunicación fluida para personas con dificultades auditivas o de habla.
Además, todos los operadores deberán ofrecer un descuento de al menos un 25 % en las tarifas a los usuarios con rentas bajas e incluir a las personas con derecho al ingreso mínimo vital (IMV), que actualmente son unos 800.000 hogares. EFE
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