Madrid, 20 abr (EFE).- El exgerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral De Servicios de Emergencias (SGISE), Raúl Quílez, no ha aclarado este lunes por qué los vídeos grabados en el Cecopi el día de la dana del 29 de octubre de 2024 no se entregaron al juzgado de manera inmediata y permanecieron retenidos durante meses.
Quílez se ha remitido hoy reiteradamente a su declaración el pasado 13 de febrero ante la jueza de Catarroja -Nuria Ruiz Tobarra- para esquivar los muchos interrogantes formulados por los diputados de la comisión investigadora de la dana en el Congreso de los diputados.
"En todo lo relativo a los vídeos me remito a lo que dije ante el juzgado de Catarroja y poco más hay que añadir", ha contestado de forma repetitiva. Esas grabaciones se consideran pruebas clave para entender la gestión de la emergencia durante la tragedia que se saldó con 230 fallecidos en la Comunidad Valenciana.
A preguntas de Águeda Micó, diputada del Grupo Mixto, Quílez ha aclarado que "como gerente de la SGISE -empresa pública valenciana encargada de gestionar recursos humanos y logísticos de los bomberos forestales- no tenía ningún papel operativo" y que llegó al Cecopi, el núcleo de la toma de decisiones, sobre las 18.30 horas, aunque no se le asignó "ningún rol".
Cuestionado sobre si la gestión de la tragedia por parte de las autoridades fue la adecuada respecto a la magnitud de la riada, el exalto cargo ha señalado que "aquello fue una de las mayores catástrofes que ha sufrido Europa tras la Segunda Guerra Mundial, por no decir la mayor y lógicamente es un evento muy impactante".
Asimismo, ha considerado que "hay que ver cómo cada municipio tiene articuladas sus acciones en torno a las emergencias" y ha sostenido que "se tomaron las decisiones en función de la información que iba llegando (al Cecopi)".
Han quedado sin resolver otras preguntas hechas ante la comisión, como si esos vídeos que no se aportaron durante meses eran relevantes para entender la gestión de la dana o si Quílez recibió alguna instrucción para no entregarlos. También rehusó dar respuesta a si informó a algún superior político acerca de su existencia.
Según Teresa Jordá, del Grupo Parlamentario Republicano, "hoy queda claro que sí había pruebas y se ocultaron durante mucho tiempo y que el mando no era técnico, sino político y que alguien, un día, decidió ocultar la verdad a los ciudadanos".
"En todo el tema de los vídeos, me remito a lo que declaré ante el juzgado de catarroja", ha insistido el compareciente sobre esas grabaciones en las que se ve a la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas dando instrucciones.
Quílez presentó en febrero su dimisión como director general de Innovación de la Generalitat Valenciana al poco de comparecer ante la jueza. Sobre este punto, los diputados han querido saber qué sucedió durante los días posteriores a su declaración judicial "que le llevaron a dimitir".
El exgerente ha insistido en que su cese "no tiene nada que ver con el juzgado de Catarroja ni con la dana, ni tiene que ver con el objeto de esta comisión".
Se ha mostrado también "ofendido" cuando Alberto Ibáñez, del Grupo Plurinacional Sumar, ha querido saber si "le ofrecieron dinero por callar".
En su declaración judicial, el exgerente mantuvo que los vídeos los custodiaba una empresa subcontratada externa y que él no sabía de su existencia. También admitió que accedió a ese material en febrero pero no lo entregó hasta octubre pese a negar que pretendiera ocultar información. EFE
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