Pedir la regularización desde un CIE: viable sobre el papel, casi imposible en la práctica

Laura López

Madrid, 18 abr (EFE).- La regularización extraordinaria podría ser la última oportunidad para permanecer en España de los migrantes recluidos en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE): sobre el papel, muchos pueden acogerse a la medida, pero tramitar una solicitud mientras están privados de libertad resulta, en la práctica, casi imposible.

Así lo han denunciado a EFE entidades como CIEs No Cádiz, el Servicio Jesuita al Migrante (SJM) o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que piden medidas para facilitar a estas personas acceder a una medida que, se calcula, dará permiso de residencia y trabajo a medio millón de personas que ya viven en España.

Según el último informe del Servicio Jesuita al Migrante (SJM), 1.863 migrantes ingresaron en un CIE en 2024 y el 70 % de ellos fueron recluidos solo por estar en situación irregular en España, sin que hubieran cometido ninguna otra falta administrativa ni delito.

El texto del real decreto establece que, para aquellas personas afectadas por un proceso de devolución o expulsión, la concesión de la autorización supondrá el archivo del procedimiento, siempre y cuando la orden sea por mera estancia irregular en el país o por haber trabajado sin permiso.

A ojos del portavoz de CIEs No Cádiz, Jesús Mancilla, la regularización supone "una ventanita de luz" para los internos en los CIE pero también un camino "lleno de piedras".

Pese a que muchos cumplen los requisitos para solicitarla, en la práctica lo tienen muy difícil para recabar toda la documentación que necesitan aportar, como la que acredita su estancia en España o el certificado de antecedentes penales.

Mancilla ve necesario que el Gobierno emita una instrucción que aclare cómo proceder en estos casos y abra alguna vía para estas personas, como la posibilidad de que los interesados puedan solicitar la medida extraordinaria desde el propio CIE.

Para Iván Lendrino, coordinador de los programas de visitas en CIE del SJM y Pueblos Unidos, el caso de los internos en estos centros es "un punto ciego" del real decreto en el que parece no haberse pensado lo suficiente pese a que muchas de estas personas cumplen los requisitos para beneficiarse de ello.

En su opinión, el Ministerio del Interior, Policía Nacional y Cruz Roja -quien tiene un convenio con el Gobierno para programas de asistencia social y humanitaria en los CIE- deberían ser "proactivos" y hacer todo lo necesario para que su privación de libertad no sea un impedimento para acceder al proceso.

Esto significa desde trasladar a las personas a donde sea necesario para que hagan cualquier trámite a habilitar equipos informáticos dentro de los propios CIE o dedicar horas de los profesionales de la ONG o Policía para hacer solicitudes, explica.

Interior garantiza información y asistencia jurídica a los internos

Fuentes del Ministerio del Interior, del que dependen los CIE, han precisado a EFE que los internos reciben información y tienen asistencia jurídica, así como vigilancia y control judicial permanentes, por lo que pueden hacer este tipo de trámites, siempre y cuando cumplan los requisitos, a través de la representación letrada y de las ONG que los asisten.

Pero desde CIEs No Cádiz y el SJM precisan que el abogado de oficio al que tienen acceso los internos solo está designado para cuestiones relacionadas con su internamiento o expulsión, no para tramitar autorizaciones de residencia, y en muchos casos este letrado es inaccesible para ellos.

Además, Iván Lendrino (SJM) asegura que las ONG que visitan los CIE tienen un acceso "absolutamente limitado" a los internos y quien puede -y debe- acompañar esos expedientes es el Estado, que "tutela" a estas personas: "¿A través de quién? Que hablen entre ellos", propone.

Una tarea que ve asumible, toda vez que, según sus estimaciones, actualmente hay unas 300 personas internadas en los CIE, no todos deben cumplir con los requisitos y hay de plazo hasta el próximo 30 de junio para hacer las solicitudes.

El director de CEAR, Mauricio Valiente, coincide en que hay alternativas y base legal para que estas personas accedan a la regularización.

Lo más urgente e inmediato es que los abogados que representan a estos internos insten a su "libertad inmediata" porque su reclusión "carece de sentido, máxime si cumplen los requisitos" para beneficiarse del proceso, y así puedan hacer sus solicitudes.

En su defecto, podrían actuar mediante un representante pero Valiente también considera que tendrían muchas dificultades para recabar toda la documentación, mucha de la cual hay que reclamarla personalmente.

Una expulsión programada el día que entró en vigor la regularización

La historia de Oussama Moumen ha sido denunciada en la última semana por CIEs NO Valencia en sus redes sociales: se trata de un joven marroquí que reúne todos los requisitos para solicitar la regularización y tiene un arraigo reconocido en España pero que, aún así, fue internado en un CIE semanas antes de que se abriera el plazo para poder hacer su solicitud.

Oussama llegó en patera a Almería en 2023 y, un año después, se estableció en Vinaròs, donde rehizo su vida con apoyo de los servicios sociales del Ayuntamiento y Cáritas, que acreditaron que el joven demuestra esfuerzo de integración, buen comportamiento cívico y responsabilidad social.

Llegó a tener programada su expulsión para el mismo día que entró el vigor la regularización pero, finalmente, el Gobierno la paralizó y Moumen ha sido puesto en libertad, según ha señalado la propia plataforma.

Más Madrid pide garantizar el acceso desde los CIE

Un caso parecido es el de Omar er Rahalli, otro joven de origen marroquí residente en Sevilla que, pese a tener vínculos familiares y sociales consolidados, ha sido internado en el CIE de Algeciras y está pendiente de la ejecución, en las próximas semanas, de una orden de expulsión.

De ambas experiencias se hacía eco esta semana Más Madrid en una batería de preguntas registradas al Gobierno para que aclare cómo va a facilitar el acceso a la regularización a los ciudadanos que se encuentran en un CIE y cómo va a garantizar que no se dicten ni ejecuten órdenes de expulsión a quienes cumplen los requisitos y se frenen las ya iniciadas.

Para la formación, estos casos plantean una posible vulneración de derechos y una falta de coordinación administrativa que choca con el espíritu de la nueva norma. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023121492)