El Supremo ordena al Gobierno informar a una senadora del PP de los beneficiarios de fondos europeos

El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado al Gobierno que informe al PP sobre quiénes son los "beneficiarios finales de fondos NextGenerationEU con indicación del nombre o razón social y el importe percibido", tal y como solicitó una senadora 'popular' en una solicitud de información parlamentaria en septiembre de 2025.

Así lo ha comunicado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que estima el recurso del PP porque el Ejecutivo "emitió una respuesta que, aunque relacionada con los beneficiarios finales de los fondos, no guardaba correspondencia con la pregunta concreta formulada puesto que no daba la información solicitada".

En concreto, la senadora Eva Ortiz pidió los beneficiarios de los fondos europeos, excluyendo a aquellos que percibieron menos de 10.000 euros, ya que la información solicitada "no puede ser obtenida a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, toda vez que en dicha plataforma no existe la posibilidad de filtrar las subvenciones concedidas" en función de si son o no NextGenerationEU.

El Gobierno respondió que, "siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea", y con datos de febrero de 2025, "los 100 principales perceptores de la lista han recibido más de 9.800 millones de euros de fondos europeos, casi el 21% del total de los fondos recibidos hasta la fecha", recoge el Supremo.

En la demanda, el abogado Víctor Soriano, que representa a la senadora, "se ejercita una pretensión dirigida a obtener la nulidad del acto impugnado y la declaración de su derecho a obtener acceso a la documentación solicitada por cauce parlamentario".

"Apoya tal pretensión en que la respuesta expresa emitida por el Gobierno representa una ilegal desestimación tácita de la pregunta puesto que ni facilita la concreta información solicitada ni da razón fundada en derecho de justifique el incumplimiento del deber de informar", explica el alto tribunal.

EL GOBIERNO NO DIO UNA RESPUESTA "FUNDADA"

El Supremo remarca que cuando la senadora formuló la pregunta "se hizo constar expresamente" que la información no puede ser obtenida a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Y que la respuesta del Gobierno, añade, dice que "España cumple con las previsiones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y con la exigencia del Reglamento MRR, que establece que cada Estado miembro creará un portal público fácil de utilizar que contenga datos sobre los cien perceptores finales".

"Es evidente que no es lo mismo dar información de los cien mayores perceptores de fondos y del porcentaje que ello representaba sobre la cuantía total recibida por España, que dar información de los perceptores de fondos por cuantía superior a 10.000 euros, que era lo solicitado para ejercer la función de control del Gobierno", argumenta.

Por ello, añade, la respuesta "debe ser considerada como una denegación de lo solicitado, máxime cuando lo informado sobre la lista elaborada ya era público y conocido por la solicitante de información".

A juicio de la Sala, el Gobierno "no ha facilitado la información solicitada y, además, la respuesta tampoco daba razón fundada en derecho que le impidiese facilitar la concreta información solicitada".

"Ninguna razón técnica o jurídica se esgrime para ello ante una petición que, como decimos, era clara y precisa, carente de toda ambigüedad", concluye, y le ordena a responder en un plazo "no superior a 30 días".