Almería, 13 abr (EFE).- La Abogacía del Estado, en representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha presentado su escrito de conclusiones ante la Audiencia Nacional en el que desmiente que la situación actual de Palomares (Almería) suponga un riesgo para la salud o el medio ambiente.
En el documento, al que ha tenido acceso EFE, el Estado ha solicitado la inadmisión o desestimación del recurso de la Federación de Ecologistas en Acción-Almería, argumentando que no existe base legal, científica ni técnica para obligar a la limpieza inmediata de las tierras.
La representación legal del Estado ha iniciado su escrito solicitando al tribunal que declare la preclusión del plazo de las conclusiones de la parte recurrente y proceda a su desglose y devolución, alegando que fueron presentadas fuera de término.
En el plano científico, el Estado ha fundamentado su postura en los datos recabados por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ya que, tras sesenta años desde el accidente de 1966, no se han registrado eventos radiológicos ni evidencias de daño a la salud.
Según el informe, se han realizado 5.029 exámenes médicos a 1.077 personas sin detectar ninguna patología específica inducida por la radiación.
Respecto a la dosis que recibe la población, el Estado ha cifrado la exposición actual por debajo de los 0,1 milisievert al año (mSv/año), cantidad muy por debajo del nivel de referencia de 1 mSv/año establecido por el CSN para la zona y es un orden de magnitud inferior al límite anual fijado para el público en general.
Con estas cifras, la Abogacía del Estado ha calificado de "demagógica" la afirmación de que los habitantes puedan recibir legalmente el equivalente a 200 radiografías de tórax al año, asegurando que nunca se ha alcanzado tal nivel.
La Abogacía del Estado ha rechazado las definiciones de la parte demandante que califica Palomares como un "almacén nuclear ilegal" o "vertedero clandestino".
Basándose en jurisprudencia previa del Tribunal Supremo, ha insistido en su escrito en que la zona se encuadra en la noción de "situación de exposición existente", consecuencia de una emergencia radiológica histórica externa al control de instalaciones reguladas.
Bajo este marco normativo, el Estado ha argumentado que la gestión actual mediante restricciones de acceso, expropiación de terrenos y programas de vigilancia radiológica ambiental (PVRAP) es conforme a la ley y garantiza un estándar de protección conservador. EFE
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