La política climática de España es el "marco adecuado" para el Pacto del Agua, dice CC.OO.

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Madrid, 7 abr (EFE).- Comisiones Obreras pide la elaboración de un Pacto de Estado del Agua para gestionar los recursos hídricos de España y considera el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática el "marco adecuado" para llevarlo a cabo, en un contexto de fenómenos extremos asociados a precipitaciones "extraordinarias".

El sindicato sostiene en un informe que, frente a las "recetas tradicionales" que "no funcionan", es "urgente" desarrollar un modelo sostenible de gestión del agua que se centre en la reducción del consumo y el uso de recursos "no convencionales" como la desalación o las aguas regeneradas.

En este sentido, destaca que, pese a ser el cuarto productor de agua desalada del mundo, el coste de la desalación sigue siendo "elevado" en España. Por ello, CC. OO. aboga por la hibridación de estas plantas con energías renovables y la creación de una red pública de desalación que garantice "un abastecimiento suficiente".

También propone hacer frente a la escasez de agua almacenándola durante los "episodios de lluvias torrenciales", mejorando la gestión de los "pozos de sequía" y la recarga de acuíferos, así como tratando el desbordamiento de alcantarillado.

El "agravamiento" de fenómenos extremos, sequías e inundaciones, señala CC. OO., pone sobre la mesa la adecuación de las infraestructuras hídricas a las condiciones actuales, con embalses "que solo ocasionalmente consiguen cotas superiores de llenado" y trasvases que acarrean "problemas sociales, económicos y ambientales".

La dana de 2024 o el tren de borrascas de 2026 ponen de manifiesto la "necesidad" de adaptarse a este tipo de fenómenos estableciendo "protocolos y medidas preventivas".

De acuerdo con el informe, el impacto en España de las olas de calor, las sequías y las inundaciones de 2025 está valorado en 12.000 millones de euros, cifra que asciende hasta los 34.000 millones de euros para 2026.

El sindicato insiste en que, frente al rechazo de "la mayor parte de los gestores políticos" y de la "comunidad hídrica tradicional" -usuarios, agricultores, ganaderos, empresas eléctricas o constructoras-, las organizaciones sociales, de consumidores y ecologistas indican "el camino a seguir" en materia de gestión del agua.

Además de reconocer su función ambiental y ecosistémica para preservar la biodiversidad y los ciclos naturales, Comisiones hace hincapié en el agua como un "derecho humano" que "no puede mercantilizarse", y exige que se defina un "mínimo vital" hídrico por persona. EFE