El Principado usó los proyectos de investigación para eludir el plan de cierre del carbón

Oviedo, 6 abr (EFE).- El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del 'proyecto de investigación complementaria" (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según un informe elaborado por la Inspección de Servicios de la administración autonómica.

Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas como requisito ineludible para autorizar la explotación en minas sometidas a cierre, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Cerredo.

El Gobierno asturiano encargó dicho informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año en la que perdieron la vida cinco trabajadores leoneses y otros cuatro resultaron heridos cuando se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.

Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, en dicha mina la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad  “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.

Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.

El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores.

También se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Cerredo, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.

El informe, de más de 300 páginas, plantea también once recomendaciones para mejorar el servicio y las inspecciones a explotaciones mineras, recomendaciones que, según ha asegurado el consejero, el Gobierno va a asumir en su totalidad con el fin de conseguir una mayor seguridad jurídica, administrativa y laboral.

Entre las recomendaciones se encuentra la de elaborar una disposición que regule las transmisiones de los derechos mineros y a revisar o reformular la figura de los PIC, una figura que se ha venido utilizando en Asturias desde hace dos décadas. EFE