
Las denuncias analizadas en torno al protocolo de cribado de cáncer de mama en centros hospitalarios de Andalucía no han mostrado un patrón común que permita atribuir responsabilidades generalizadas, según informaron fuentes del Ministerio Fiscal a Europa Press. Este hecho motivó que las investigaciones continuaran de manera individual para cada uno de los casos. Las fiscalías provinciales han dejado sin efecto nueve de las quince querellas tras no hallarse indicios de delito en los exámenes preventivos, mientras que cinco casos siguen sometidos a análisis y una denuncia relativa a otra patología sí ha sido transferida a los juzgados.
Según detalló Europa Press, la Fiscalía Superior de Andalucía cerró en febrero pasado las tres denuncias que incluían a altos cargos de la Consejería de Sanidad, entre los que se encontraban dos aforados. El Ministerio Fiscal trasladó posteriormente a las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería un total de quince denuncias presentadas por mujeres que señalaron posibles irregularidades en los protocolos de cribado. Se optó por una investigación individualizada para cada una, dado que los hechos presentados tenían particularidades propias y no envolvían responsabilidades homogéneas.
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De acuerdo con información difundida por el diario 'Ideal' y confirmada por Europa Press, las fiscalías de Almería, Granada, Sevilla, Jaén y Málaga han desestimado dos denuncias cada una, salvo en Málaga, donde se archivó solo una, sumando así nueve cerradas. La justificación del archivo radica en la ausencia de pruebas o indicios que permitan considerar los hechos como constitutivos de delito.
Por otra parte, tres denuncias siguen bajo revisión en Sevilla y otras dos permanecen en fase de investigación en Málaga, según indicó el Ministerio Fiscal. Además, se incorpora una denuncia adicional presentada en la provincia de Almería que no guarda relación con el cáncer de mama: esa sí fue llevada ante los tribunales tras considerarse procedente la judicialización del asunto en función de la patología distinta señalada por la denunciante.
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En la revisión de los casos, los relatos apuntaban a supuestas deficiencias tales como la ausencia de seguimiento en situaciones catalogadas como no concluyentes o dudosas, problemas en la comunicación a las pacientes sobre las pruebas realizadas, y la percepción de falta de atención médica por parte de profesionales de atención primaria. Además, varias denunciantes destacaron la dificultad para la identificación de las víctimas en los sistemas sanitarios, citando escasez o inexactitud de datos personales, teléfonos y correos electrónicos asociados a las pacientes en las bases de datos oficiales, o la prestación del servicio en centros sanitarios privados fuera del sistema público.
El traslado de diligencias a las fiscalías provinciales buscó esclarecer cada hecho en el contexto más cercano a las personas denunciantes. Tal como subrayó el Ministerio Fiscal a Europa Press, la investigación se orientó a verificar si las situaciones concretas tenían entidad delictiva e individualizar a los posibles responsables, dado que los implicados variaban en cada expediente.
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Ante la diversidad de circunstancias aportadas por las denunciantes, la Fiscalía de Andalucía determinó que no era posible agrupar los casos en un solo procedimiento, ya que no se detectó un hilo conductor común entre ellos. La instrucción, por tanto, priorizó el análisis caso por caso, lo que resultó en el cierre de la mayoría de las denuncias y la continuidad de otras, en función de la existencia o no de elementos que permitan a la fiscalía apreciar la posible existencia de un delito.
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