Madrid, 26 mar (EFE).- Casi un tercio de las entidades del sector público (el 29 %) no rindió sus cuentas correspondientes al ejercicio de 2024 al Tribunal de Cuentas, tal y como es preceptivo, y un 21 % no lo hizo dentro del plazo estipulado, según recoge la memoria anual de este órgano fiscalizador que acaba de aprobar su pleno.
El documento revela que en 2025 el tribunal aprobó un total de 59 informes de fiscalización sobre diversos ámbitos de la gestión pública y formuló además 524 recomendaciones encaminadas a mejorar la gestión económico-financiera del sector público, instando a acometer 531 actuaciones concretas.
Según una nota de prensa, su labor de evaluación de la contabilidad de los partidos políticos y sus fundaciones se tradujo en 345 contabilidades remitidas en plazo, pero hubo 97 fuera de él.
Respecto a la contratación pública, se trasladaron 14.589 contratos por un importe total de 32.051 millones de euros, cifra que según la entidad presidida por Enriqueta Chicano "refleja el volumen y la relevancia de esta actividad en el conjunto del sector público".
El programa de fiscalización recogido en la memoria de 2025 abarcó no solo aspectos relevantes del sector público estatal, autonómico y local, sino también el funcionamiento de las entidades públicas y la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto a las cuentas de los procesos electorales y los partidos.
Fueron 111 actuaciones, 87 de las cuales a iniciativa del propio tribunal, 20 por mandatos legales, cuatro a iniciativa de las Cortes Generales y dos para cumplir con la auditoría de las cuentas anuales de la Casa Real, de acuerdo con el convenio suscrito con Zarzuela.
Del más de medio millar de informes de fiscalización, 23 se dedicaron a seguir el cumplimiento de recomendaciones de ejercicios anteriores, analizando 211, el 30 % de las cuales fueron cumplidas totalmente o en parte y un 23 % en procseso de implantación.
Para el tribunal, ello confirma "avances en la mejora de la gestión pública" pero "evidencian la existencia de un margen significativo de mejora en su aplicación efectiva".
En cuanto a la otra faceta de las funciones del tribunal, la jurisdiccional, se resolvió en 2025 con 481 asuntos tratados por la Sala de Justicia y los departamentos de Enjuiciamiento.
Se resolvieron 109 actuaciones previas que dieron lugar a liquidaciones provisionales, y las resoluciones adoptadas permitieron reintegrar 11,2 millones de euros a las entidades públicas perjudicadas.
El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica-financiera del sector público y también se encarga de enjuiciar la responsabilidad contable en que puedan incurrir quienes se ocupan de manejar los fondos públicos. EFE

